La Comisión Permanente del Congreso dio un paso decisivo en el proceso de control político relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, al aprobar —por 17 votos a favor y 6 en contra— la conclusión del informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, para el ejercicio de la función pública. La decisión, sustentada por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, marca una nueva fase en la revisión parlamentaria de las denuncias constitucionales N.º 547 y 575.
Según el documento aprobado, Chávez habría tenido un rol “determinante” en las acciones que facilitaron la estrategia del entonces presidente Pedro Castillo, cuya proclamación de disolución del Congreso fue calificada posteriormente como un golpe de Estado por el Tribunal Constitucional. El informe sostiene que la conducta de la ex primera ministra vulneró principios fundamentales del Estado de Derecho y contribuyó a la ruptura del orden constitucional.
Rol atribuido a Chávez en la crisis del 7 de diciembre
El informe aprobado detalla una serie de actuaciones que, a juicio de la comisión, configuran responsabilidad política de la ex jefa del gabinete. Uno de los hechos más relevantes es que el 7 de diciembre, Chávez trasladó personalmente al equipo de TV Perú al Despacho Presidencial en Palacio de Gobierno, una labor que no correspondía a la Presidencia del Consejo de Ministros sino a dependencias técnicas especializadas.
Esta acción, señala el informe, permitió habilitar la grabación del mensaje en el que Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento, la reorganización de instituciones constitucionalmente autónomas y la instauración de un régimen de excepción. Para la comisión, Chávez no mostró oposición, ni tomó medidas destinadas a impedir la difusión del mensaje, pese a sus implicancias institucionales.
De acuerdo con la sustentación presentada por Lady Camones, la conducta de Chávez habría vulnerado artículos constitucionales vinculados a la defensa de la democracia, la preservación de la institucionalidad y el respeto a los límites del poder público. La congresista destacó además que el proceso parlamentario no evalúa delitos penales, sino responsabilidad política y constitucional.
Posiciones durante el debate parlamentario
El debate fue marcado por intervenciones que respaldaron y criticaron los actos atribuidos a Chávez. El congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) expresó que tanto Castillo como Chávez “intentaron socavar el sistema democrático desde adentro”, razón por la cual consideró indispensable la inhabilitación para evitar precedentes peligrosos.
En esa línea, Cavero insistió en que el 7 de diciembre representó uno de los episodios más críticos de la política reciente, y que la respuesta institucional debía ser proporcional a la gravedad de los hechos.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó la estrategia de defensa de Chávez, calificándola como un “circo mediático”. Recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció que Castillo ejecutó un golpe de Estado, por lo que las responsabilidades políticas debían evaluarse con rigor.
A su turno, el legislador Eduardo Salhuana Cavides (APP) lamentó las actuaciones de la defensa de Chávez y enfatizó que un golpe de Estado constituye una amenaza directa a la estabilidad del país. Subrayó que quienes vulneran el Estado de Derecho deben ser sancionados con firmeza para preservar la legitimidad de las instituciones.
La sesión contó con la presencia del abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, quien ha cuestionado en múltiples ocasiones el procedimiento seguido por el Congreso, solicitando ampliaciones de plazo y reprogramaciones para ejercer la defensa de su patrocinada.
Informe irá ahora al Pleno para su votación final
Con la aprobación de la conclusión del informe, el caso será elevado al Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la acusación constitucional. De aprobarse, la sanción propuesta —inhabilitación por 10 años— impediría a Chávez ocupar cualquier cargo público, postular a cargos de elección popular o ejercer funciones en entidades del Estado.
Como parte del procedimiento, la Comisión Permanente aprobó además —con 16 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención— la designación de las congresistas Lady Camones y Ana Zegarra (Somos Perú) como integrantes de la subcomisión acusadora, encargada de sustentar el informe ante el Pleno y formular la acusación correspondiente.
Esta etapa es clave, pues será en el Pleno donde las bancadas deberán definir si confirman la recomendación de la Permanente o la archivan, en un contexto político marcado por tensiones y disputas sobre la legitimidad de los procedimientos de control político.
Audiencias reprogramadas para Castillo y Huerta
En otro momento de la sesión, el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que las audiencias correspondientes a los otros dos denunciados —el expresidente Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta Olivas— serán reprogramadas por única vez, luego de que ambos solicitaran nuevas fechas para ejercer su derecho a la defensa.
Ambos casos forman parte de las mismas denuncias constitucionales y están vinculados a la decisión de Castillo de anunciar la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones, acciones por las que hoy enfrenta procesos judiciales y parlamentarios.
Archivo del caso del congresista Roberto Sánchez
La Comisión Permanente también aprobó, por 16 votos a favor y 4 en contra, una de las conclusiones del informe final que dispone el archivo de las denuncias constitucionales contra el congresista Roberto Sánchez Palomino, luego de que una resolución suprema determinara que no tuvo participación en los hechos investigados.
Según el informe, la resolución fue determinante para concluir que no existían elementos que justificaran la continuidad del proceso. De este modo, el caso de Sánchez quedó cerrado dentro del conjunto de denuncias evaluadas por la comisión.
Implicancias políticas y próximos escenarios
La decisión de la Comisión Permanente reaviva el debate sobre la responsabilidad política en episodios de quiebre institucional. Para algunos sectores, la recomendación de inhabilitar a Chávez constituye un mensaje claro sobre la defensa del orden constitucional. Otros consideran necesario evaluar con prudencia la proporcionalidad de las sanciones para evitar que los mecanismos de control político se conviertan en herramientas de confrontación.
El desenlace quedará ahora en manos del Pleno del Congreso, donde la correlación de fuerzas será determinante para decidir el futuro político de Betssy Chávez y las responsabilidades asociadas al 7 de diciembre.