El expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado de encabezar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, volvió a convertir el inicio de su juicio oral en una tribuna política. Durante la sesión de este jueves, el exmandatario lanzó una nueva provocación a los jueces: “Para ahorrar tiempo, mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal”.
Castillo niega los cargos de rebelión
El ex jefe de Estado enfrenta un proceso por rebelión, abuso de autoridad grave y perturbación de la tranquilidad pública, pero insiste en que no existen pruebas en su contra. “Van sesenta y tantas sesiones y no me han podido demostrar los delitos”, expresó con la venia de la directora de debates, quien le permitió intervenir antes de su acreditación.
Incluso cuestionó que la sala penal evalúe la posibilidad de procesarlo por conspiración para rebelión, pese a que el Ministerio Público rechazó inicialmente ese cargo.
Interrupciones y ataques al proceso
Desde el inicio del juicio, Castillo ha utilizado el procedimiento de acreditación para lanzar proclamas políticas y enfrentarse a los magistrados. En varias ocasiones llamó “mamarracho” al proceso, acusó estar “secuestrado” y denunció una persecución política.
La sala le ha apagado el micrófono en más de una oportunidad y le advirtió sobre el artículo 364 del Código Penal, que faculta a los jueces a sancionar conductas que perturben la continuidad del juicio. Sin embargo, se le ha permitido reiteradamente interrumpir las sesiones con discursos políticos.
Un juicio en tensión permanente
El proceso contra Castillo refleja un pulso constante entre la autoridad de la sala y la estrategia de confrontación del acusado, quien busca deslegitimar el juicio al que llegó tras ser detenido el mismo día en que intentó disolver el Congreso.
Mientras la defensa insiste en victimizarlo, los magistrados enfrentan la tarea de sostener un juicio cargado de presión política, con un acusado que se resiste a reconocerse como tal y transforma cada audiencia en un escenario de disputa.