El jueves 10 de abril de 2025, un paro masivo de transportistas en Lima y Callao, liderado por la Coordinadora de Transporte Urbano y otros gremios, paralizó al menos 7,000 unidades de transporte público. La protesta denuncia la creciente inseguridad ciudadana y los asesinatos de conductores por extorsionadores, buscando visibilizar la violencia que enfrentan los trabajadores del sector.
El paro de transporte afecta de inmediato a miles de pasajeros en Lima, forzándolos a recurrir a vehículos informales que incrementaron sus tarifas. A pesar del despliegue de buses de apoyo por la PNP y las Fuerzas Armadas, la falta de transporte formal persiste, impactando fuertemente a la población en cruces y paraderos clave.
Mientras tanto, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas para mitigar las consecuencias del paro. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el servicio del Metropolitano continuará funcionando con normalidad, mientras que EsSalud ofreció facilidades para los pacientes que no puedan asistir a sus citas médicas debido a la suspensión del transporte público. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no ha logrado calmar la creciente frustración entre los ciudadanos.
El Congreso también se ha pronunciado sobre la crisis de inseguridad, aunque con una postura contradictoria. La parlamentaria Patricia Juárez aseguró que el Congreso está alineado con las preocupaciones sobre la inseguridad, a pesar de que algunas de sus leyes recientes han sido criticadas por debilitar la lucha contra el crimen organizado y favorecer la impunidad. Este paro resalta la compleja relación entre las autoridades, los transportistas y la población, que sigue buscando soluciones a un problema de seguridad que parece cada vez más insostenible.
