La grave crisis que atraviesa el Ministerio Público ha puesto de relieve la forma en la que se ha conducido el caso Lava Jato en el Perú. Los enconos, las rivalidades políticas y los acuchillamientos en la Fiscalía cargan los dados.
Pero, ante la situación actual, vale la pena analizar con cabeza fría el acuerdo de colaboración y beneficios firmado entre Odebrecht y las autoridades peruanas. CARETAS accedió a la copia del documento firmado en diciembre de 2018, que contiene las firmas del fiscal José Domingo Pérez, el representante de Odebrecht Ricardo Luis Machado Weyll, la abogada de la empresa Lourdes Luisa Carreño Carcelén y el por entonces procurador ad hoc Miguel Ramírez Ramírez.
Lo primero que llama la atención es la limitación de la colaboración de Odebrecht apenas a cuatro proyectos manchados por corrupción:
Construcción de la vía Costa Verde Tramo Callao.
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco.
Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil Tramos 2 y 3.
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao, Línea 1, Tramos 1 y 2.
Si bien se añade posteriormente el deber de la empresa de “informar los nuevos hechos con contenido penal”, el carácter tan restrictivo de los proyectos sobre los que Odebrecht se comprometió a colaborar debilitaría todo el proceso.
Era claro que aquí la empresa jugó sus cartas, y ganó.
En febrero de 2017, el fiscal Hamilton Castro, por entonces coordinador del Equipo Especial, firmó un acta fiscal de requerimiento con Luis Alberto Bramont Arias, abogado de Odebrecht, por el cual se le solicitó a la empresa información sobre actos de corrupción en 24 proyectos. Castro había obtenido la “información de inteligencia” sobre lo que alojaban en Suiza los servidores Drousys y mywebday, donde la empresa guardó la información de su contabilidad paralela. Más concretamente, fue el fiscal suizo Stefan Lenz quien le adelantó la información a Castro, advirtiéndole que todo indicaba que había todavía más proyectos involucrados en corrupción. El episodio fue en su momento reportado por medios como CARETAS.
Peor aún, cuando Castro fue removido de su cargo para ser reemplazado por Rafael Vela, el jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, informó oficialmente al entonces fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry que, además de los cuatro casos, finalmente el ejecutivo brasileño Jorge Barata se había comprometido a someter a colaboración eficaz el “pago para la campaña durante el proceso para la revocatoria de Susana Villarán” y la “contribución para la campaña electoral de Ollanta Humala en 2011”.
En su informe de gestión dirigido a Chávarry, Castro detalló la actitud dilatoria que tuvieron Barata y compañía para entregar la información. Cuando el fiscal Pérez tomó las riendas de la negociación, esos dos ítems desaparecieron del acuerdo final.
El Ministerio Público firmó un contrato con el exfiscal Lenz para apurar el trámite de la información contenida en los servidores, pero pasaron varios años sin aprovecharlo.
Recién en setiembre de 2020, la justicia suiza autorizó en segunda instancia, contra lo demandado por Odebrecht, que los contenidos de los servidores pudieran ser compartidos con las fiscalías de los países que lo solicitaran. La empresa que los custodiaba, SafeHost, se allanó a la orden judicial a pesar de que su excliente Odebrecht seguía resistiéndose a soltar la información.
Un mes más tarde, en setiembre de 2020, llegaron a Lima dos USB con 16 GB de memoria cada uno, que alojaba parte de la información de los servidores originales. El fiscal Pérez solicitó al Ministerio Público enviarlos de vuelta a Lenz para su análisis, ya que tenía un contrato vigente del que solo se le había cancelado el 35%. Según información de prensa, el 2021 los USB estaban listos para volver a Suiza, pero luego no se supo nada más.
El largo tiempo transcurrido ha jugado en contra. En agosto de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil acogió una medida cautelar planteada por la defensa de Humala para que los exdirectivos brasileños no declaren sobre los contenidos de los mencionados servidores, pues consideran que en el traslado de las copias de la información a Brasil no se respetó la cadena de custodia.
Más allá de lo que haya ocurrido con el traslado hacia Brasil, sobre lo que Lenz niega cualquier irregularidad, los servidores originales continúan en Suiza. Sin embargo, no se ha visto en más de siete años diligencia en Fiscalía peruana para poder obtener la información sobre muchos proyectos más que fueron alcanzados por la corrupción.
¿Acaso no se trataría de un reconocimiento implícito del pecado original en el acuerdo de colaboración, donde la empresa se salió claramente con la suya?
MILLONES EN JUEGO
Otro punto central es el de la reparación civil. Como es conocido, esta se cifró en S/ 610 millones, pagaderos en cuotas anuales hasta el año 2033. A diferencia de lo negociado previamente con el fiscal Castro, en el acuerdo se incluyó la disposición de que la primera cuota correspondiente a 2019 se pague con la venta de la concesión de la Hidroeléctrica Chaglla, operación que se concretó en abril de ese mismo año, por USD 638 millones, con China Three Gorges.
Según trascendió, los cálculos que hizo la Procuraduría para el pago de la reparación arrojaban una cifra mucho más alta, a la que se llegó con un estudio elaborado por la Universidad de Piura.
Peor aún, en el acuerdo de colaboración se borró de un plumazo un concepto fundamental.
El 5 de enero de 2017, el Ministerio Público dio a conocer mediante un comunicado que había llegado a un acuerdo con Odebrecht para obtener “información y pago”. Más allá de la reparación, que le correspondía negociar a la Procuraduría, el fiscal Castro logró la entrega, como se lee en el comunicado, de “30 millones de soles, como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse en el proceso penal”.
En su negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por USD 29 millones en el Perú, durante el período 2005-2014. De acuerdo con esa información proveniente de Estados Unidos, Odebrecht se benefició a partir de esos sobornos con ganancias de USD 143 millones.
La Fiscalía especificó en su comunicado que la cantidad de los 30 millones de soles “no se encuentra vinculada con la reparación civil, sino con las ganancias provenientes del delito”.
En el acuerdo firmado por Pérez, sin embargo, no se hace mención a ese concepto y se limita a la reparación civil. Los 30 millones de soles, por ende, fueron devueltos a Odebrecht.
Y no fue el único dinero que los brasileños pudieron recuperar.
El Decreto de Urgencia 003 emitido por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en febrero de 2017 congeló las ganancias obtenidas a partir de proyectos vinculados con la corrupción para evitar su salida del país.
En su momento generó controversia pues había quienes sostenían que se le debía dar a la empresa corruptora facilidades para seguir operando y ayudar a esclarecer los casos. Pero todo indica que se les pasó la mano.
Durante su negociación con Castro, Odebrecht tampoco entregó a la Fiscalía la información que vinculaba a PPK con las consultorías que, eventualmente, terminaron por precipitar su renuncia a la Presidencia de la República en marzo de 2018, empujada por la aplanadora parlamentaria de Fuerza Popular.
Odebrecht, en cambio, entregó esa información a la comisión parlamentaria del Congreso que investigaba el caso. Trasladó la pelea a la arena política para librarse del presidente que les había inmovilizado la plata.
Consultado, Kuczynski responde que, tras su renuncia y la posterior firma del acuerdo de colaboración, a Odebrecht se le permitió retirar del país aproximadamente la mitad del aproximado de USD 1000 millones que tenía en el Perú. “Una mitad eran pagos de deuda relacionada con Brasil que podían retirar”, explica, “pero el resto eran utilidades que no hubieran debido sacar”. En virtud del acuerdo, se saltaron el DU 003 que se había convertido en ley.
Estos dos grandes cuestionamientos, el de los casos involucrados y el del dinero que debía pagar Odebrecht, son evidentes debilidades del acuerdo de colaboración. Los fiscales peruanos, confiados en el concurso de los brasileños por encima de otras colaboraciones internacionales, privilegiaron los casos que relacionaban políticos de alto perfil, con los objetivos principales de Keiko Fujimori y Alan García. En el camino, dejaron al menos 20 casos sin atender.
