Impacto durante la marcha
El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que una menor de 11 años resultó herida tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena durante la protesta del 15 de octubre en el Centro de Lima contra el gobierno de José Jerí y el Congreso de la República.
Durante una conferencia de prensa realizada junto a otros ministros, Quiroz informó que la niña fue impactada en el pecho mientras transitaba con su madre por el cruce de las avenidas Abancay y Ucayali, en el momento de mayor represión policial.
Según los reportes médicos, la menor cayó al suelo y sufrió un golpe grave en la cabeza, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital de la Policía, donde continúa recibiendo atención especializada. La autoridad sanitaria precisó que el Seguro Integral de Salud (SIS) asumirá todos los costos de su tratamiento.
“La atención a todos los pacientes la está asumiendo el SIS de manera absolutamente gratuita, al igual que en el caso de esta niña”, sostuvo Quiroz.
Apoyo integral a las familias
El titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que el acompañamiento del Estado no se limitará a la atención médica de los heridos, sino que también incluirá apoyo psicológico y social a sus familiares.
“Nosotros entendemos que el paciente no es solo un individuo, sino parte de un entorno social y familiar. Por eso se ha dispuesto que el acompañamiento sea también hacia los familiares de los heridos”, indicó Quiroz.
El Minsa coordina con equipos del Seguro Integral de Salud y la Dirección de Salud Mental Comunitaria para garantizar el seguimiento de cada caso, en especial el de menores afectados por los enfrentamientos ocurridos en el Centro de Lima.
Violencia en la protesta
La marcha nacional del 15 de octubre, convocada por colectivos ciudadanos y sindicatos, terminó con un saldo trágico: un muerto y más de 30 civiles heridos, entre ellos tres menores de edad, según reportó la Defensoría del Pueblo.
El fallecido, Eduardo Ruiz Sanz (32), fue alcanzado por un disparo en el tórax, presuntamente realizado por un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Luis Magallanes, integrante de la División de Investigación Criminal (Dirincri).
La Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación por homicidio calificado contra los responsables, mientras la Policía Nacional anunció procesos disciplinarios y la separación de los mandos operativos implicados.
Controversia y exigencias de transparencia
El caso de la menor herida y la muerte de Ruiz han generado reacciones políticas y sociales. Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado al Ministerio del Interior y al Ministerio Público esclarecer el uso de la fuerza durante las protestas y garantizar que las investigaciones sean imparciales.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por su parte, exigió la rectificación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por sus declaraciones en las que atribuyó la violencia a supuestos infiltrados.
El Colegio Médico del Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también se pronunciaron pidiendo protocolos claros de intervención policial, en especial respecto al uso de bombas lacrimógenas en zonas urbanas con presencia de menores de edad.
Contexto de crisis y seguridad
El doble impacto de la crisis social y la inseguridad ha llevado al Ejecutivo a anunciar la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana, medida que busca reforzar el control territorial frente a la ola de violencia. Sin embargo, la represión policial durante las protestas ha puesto al gobierno de José Jerí bajo fuerte cuestionamiento.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud insiste en que la vida de la menor herida está siendo protegida y que se priorizará su recuperación integral. “El Estado tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos, especialmente a nuestros niños”, reiteró el ministro Quiroz.