La Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó al presidente interino de la República, José María Balcázar, a restituir con carácter de urgencia el estado de emergencia en la capital, en medio de una persistente crisis de inseguridad marcada por el avance del crimen organizado, el sicariato y la extorsión. El pedido fue formulado mediante un pronunciamiento oficial difundido el viernes 21 de febrero, horas después de que venciera la última prórroga de la medida excepcional.
Desde la comuna limeña se advirtió que, si bien el estado de emergencia no constituye una solución estructural al problema de la delincuencia, sí representa una herramienta clave para el control inmediato del orden interno, al permitir una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y reforzar las acciones de prevención y disuasión en zonas críticas de la ciudad.
El reclamo municipal al Ejecutivo
En su comunicado, la gestión del alcalde Renzo Reggiardo subrayó que la protección de la ciudadanía debe ser una prioridad ineludible para el Gobierno en un contexto de creciente violencia urbana. “La protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad es prioridad y no puede esperar”, enfatizó la Municipalidad, al tiempo que instó al Ejecutivo a tomar decisiones inmediatas frente a una situación que considera insostenible.
El pronunciamiento municipal se produce en un escenario de alta sensibilidad política, marcado por la reciente salida de José Jerí de la presidencia de la República y la expectativa por la elección de un nuevo jefe de Estado en el Congreso de la República. En ese contexto, la MML sostuvo que la inseguridad ciudadana no puede quedar relegada por la coyuntura política y debe ocupar un lugar central en la agenda gubernamental.
Fin de la prórroga y balance de la medida
El 18 de enero, el Ejecutivo había prorrogado por última vez el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un plazo de 30 días, con el objetivo de enfrentar la ola de extorsiones, asesinatos por encargo y delitos vinculados a organizaciones criminales. La medida entró en vigencia el 20 de enero y culminó el 19 de febrero, sin que hasta el momento se haya anunciado una nueva extensión.
Durante ese periodo, las autoridades reportaron operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como un incremento de patrullajes en distritos con altos índices delictivos. No obstante, desde la Municipalidad de Lima se reconoce que los resultados han sido parciales y que el problema de fondo requiere una estrategia más amplia y sostenida.
Seguridad ciudadana como eje de gobierno
Días antes del comunicado oficial, el alcalde Renzo Reggiardo ya había instado públicamente al presidente Balcázar a colocar la lucha contra la criminalidad como eje central de su gestión. En declaraciones previas, el burgomaestre sostuvo que el país enfrenta una amenaza criminal que exige decisiones integrales y una conducción política firme desde el más alto nivel del Estado.
“El presidente de la República debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del Gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas”, señaló Reggiardo, al advertir que las respuestas aisladas o de corto plazo no serán suficientes para revertir la situación.
Propuesta de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana
En ese marco, la Municipalidad de Lima reiteró una de sus principales propuestas: la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por una autoridad de alto nivel —un “zar de la seguridad”— con capacidad de articular a todos los sectores del Estado involucrados en la lucha contra el crimen.
Según explicó Reggiardo, el enfoque actual, centrado casi exclusivamente en la acción policial, resulta insuficiente frente a organizaciones criminales cada vez más complejas y violentas. Por ello, planteó un trabajo coordinado que involucre al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otros sectores estratégicos, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, para asegurar recursos, reformas normativas y una política sostenida en el tiempo.
Una crisis que golpea a la capital
Lima enfrenta desde hace meses un incremento sostenido de delitos de alto impacto, como asesinatos por encargo, extorsiones a comerciantes y transportistas, y disputas territoriales entre bandas criminales. Diversos gremios empresariales y vecinales han expresado su preocupación por la falta de resultados visibles y han respaldado la necesidad de medidas excepcionales mientras se implementan reformas de fondo.
Para la Municipalidad Metropolitana de Lima, la restitución del estado de emergencia permitiría ganar tiempo y capacidad operativa mientras se avanza hacia una estrategia integral de seguridad. En ese sentido, la comuna insistió en que la medida debe ir acompañada de acciones estructurales y de una conducción política clara desde el Ejecutivo.
Expectativa por la respuesta del Ejecutivo
Hasta el cierre de esta edición, el presidente José María Balcázar no se había pronunciado oficialmente sobre el pedido de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, el tema se perfila como uno de los principales desafíos inmediatos para el Gobierno interino, en un contexto de alta presión social y política.
El debate sobre la continuidad del estado de emergencia en la capital vuelve así al centro de la agenda pública, mientras la ciudadanía exige respuestas concretas frente a una crisis de inseguridad que continúa afectando la vida cotidiana en Lima y el Callao.