Los ministros Eduardo Arana Ysa (Justicia) y Javier González – Olaechea Franco (Relaciones Exteriores), se pronunciaron luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordenara la liberación del expresidente Alberto Fujimori, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional (TC).
La liberación de Fujimori causó controversia porque la víspera, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que emplazaba al Estado peruano a no ejecutar la excarcelación.
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Por ello, Arana Ysa sostuvo que de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. Según el ministro, ese fue el motivo por que se acató la resolución del TC.
“Es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales (…) En estricto cumplimiento del mandato del supremo intérprete de la Constitución Política, el Instituto Nacional Penitenciario dispuso su libertad [de Alberto Fujimori] sin condicionamientos”, dijo Arana.
Por otro lado, el canciller reafirmó el compromiso del Perú con el sistema de promoción y protección de los Derechos Humanos (DDHH), regional y universal y consideró que la sentencia del TC no desconoce las obligaciones con el sistema interamericano de DDHH.
“Nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Por tal virtud ratificamos la firme adhesión a la convención americana de derechos humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, afirmó.