La Comisión de Defensa Nacional del Congreso se convirtió en escenario de advertencias y balances sobre la situación de las fronteras peruanas. Los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior presentaron los avances del Plan Anual de Fronteras y la agenda 2021-2026, pero coincidieron en señalar que las principales amenazas que enfrenta el país en esas áreas siguen siendo la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y los conflictos sociales.
El canciller Elmer Gonzalo Schialer Salcedo abrió la exposición subrayando que las comunidades fronterizas, históricamente postergadas, continúan enfrentando precariedades en infraestructura, servicios básicos y seguridad. Desde Torre Tagle se impulsa el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Sinadif), con proyectos que buscan no solo reforzar la seguridad, sino también promover el desarrollo económico y la integración social en las zonas limítrofes.
¿Qué acciones lidera Cancillería en las fronteras?
Schialer destacó que la Cancillería trabaja con ministerios y gobiernos regionales para responder a necesidades urgentes de la población limítrofe, desde infraestructura básica hasta programas de integración. El Plan Anual de Fronteras 2023-2024 incluyó proyectos de electrificación, acceso a agua potable y apoyo a comunidades indígenas, además de la promoción de la cooperación internacional para fortalecer capacidades de vigilancia.
La visión, aseguró, es evitar que las zonas fronterizas sigan siendo percibidas como “espacios abandonados”, donde prosperan economías ilegales que luego se convierten en fuentes de financiamiento para redes criminales.
Fuerzas Armadas frente al narcotráfico y minería ilegal
El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, fue enfático en señalar que la labor de las Fuerzas Armadas en la vigilancia fronteriza es un mandato constitucional. “Nuestra misión principal es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Perú”, expresó.
Detalló que actualmente operan puestos integrales de control y unidades desplegadas a lo largo de los límites internacionales, cuya función es enfrentar riesgos como ingresos ilegales, contrabando, minería ilegal y narcotráfico.
La expansión de estas economías ilícitas, dijo, ha puesto a prueba la capacidad logística y operativa de las instituciones castrenses. Astudillo remarcó que la cooperación con otros sectores del Estado resulta clave, pues la seguridad no puede sostenerse sin políticas de desarrollo en paralelo.
Seguridad interna: la mirada del Ministerio del Interior
En un bloque reservado, el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, expuso detalles sobre el sistema de vigilancia fronteriza a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque no se difundieron cifras específicas, el funcionario reconoció las limitaciones en equipamiento y recursos humanos para enfrentar la creciente violencia en zonas limítrofes.
La falta de tecnología de control, el escaso personal y la extensión del territorio han convertido a las fronteras en espacios porosos donde prosperan el narcotráfico y la minería ilegal, muchas veces con complicidad de actores locales.
¿Por qué preocupa la ausencia del Estado en las fronteras?
Durante el debate, la presidenta de la comisión, Karol Paredes Fonseca (Avanza País), advirtió que la deficiente presencia del Estado en las zonas limítrofes se traduce en abandono de las comunidades, lo que abre espacio al crimen organizado.
“La presencia del Estado es bastante deficiente en las zonas vulnerables de las fronteras. Considero que debemos conocer de cerca las demandas de los sectores abandonados y que tanto el Ejecutivo como el Congreso debemos acercarnos a la población”, afirmó.
Los especialistas consultados remarcan que donde no hay escuelas, hospitales ni oportunidades económicas, emergen grupos ilegales que llenan ese vacío con violencia o con economías ilícitas.
¿Qué tan vulnerables son las fronteras peruanas?
La sesión parlamentaria dejó en claro una pregunta urgente: ¿tiene el Perú la capacidad de blindar sus fronteras frente al avance del crimen organizado?.
Los ministros defendieron los esfuerzos intersectoriales, pero reconocieron que los desafíos son mayores a los avances. La vigilancia territorial depende aún de recursos limitados, coordinación insuficiente y políticas de desarrollo inconclusas, lo que impide consolidar una verdadera presencia estatal sostenida.
El problema se vuelve más grave si se considera que el narcotráfico y la minería ilegal no solo financian redes criminales, sino que además corrompen autoridades locales y fomentan conflictos sociales en áreas rurales.
La exposición de los ministros en la Comisión de Defensa Nacional evidenció que el Perú enfrenta un dilema crítico en sus fronteras: asegurar la soberanía y seguridad mientras se combate el avance de las economías ilegales que minan el tejido social.
Aunque existen planes, programas y despliegues militares y policiales, el consenso entre congresistas y ministros fue claro: la presencia del Estado sigue siendo insuficiente. Atender las demandas de las comunidades fronterizas no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino de desarrollo humano.
El desafío es convertir las advertencias en acciones concretas que trasciendan los informes anuales y se traduzcan en resultados tangibles para las poblaciones que hoy conviven con el abandono y la amenaza criminal.