El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, expuso ante la Comisión de Constitución del Congreso un paquete de medidas y reformas normativas con las que el Poder Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. Durante su presentación, el titular del Mininter detalló cifras sobre los avances en su gestión y explicó por qué se requieren nuevas herramientas legales para enfrentar delitos que hoy superan la capacidad operativa de la Policía y el Ministerio Público.
La intervención ocurre en un contexto de incremento de extorsiones, asesinatos por encargo y expansión del crimen transnacional. ¿Qué propone exactamente el Ejecutivo? ¿Cómo impactarán estas medidas en la seguridad ciudadana? ¿Qué cambios al Código Penal se pondrían en marcha? Esta nota responde esas preguntas.
Resultados de la gestión: ¿qué avances reportó el Mininter?
El ministro inició su exposición con un balance operativo. Informó la desarticulación de 18 organizaciones criminales y 1,674 bandas delictivas, además de la captura de más de 9,000 individuos y la incautación de 803 armas de fuego en lo que va del año. Estas cifras, señaló Tiburcio, representan un incremento significativo respecto a periodos anteriores y muestran el impacto de operativos focalizados.
Asimismo, anunció la implementación del Plan Celador, una estrategia que aumenta la presencia policial en las calles mediante patrullaje optimizado y el uso obligatorio del mapa del delito en cada comisaría. El objetivo es fortalecer la vigilancia territorial y responder con mayor rapidez a incidentes de seguridad ciudadana.
Para Tiburcio, estas acciones evidencian que la Policía está golpeando estructuras criminales, pero insistió en que la magnitud de la violencia requiere “más herramientas legales para atacar la raíz del problema”.
Filtración de información reservada: ¿por qué es una amenaza grave?
Una de las propuestas centrales presentadas por el ministro es la creación de un nuevo delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales.
Según explicó Tiburcio, la filtración de información interna —ya sea desde fiscalías, juzgados o unidades policiales— se ha convertido en una “amenaza grave que debilita al Estado desde adentro”. La difusión anticipada de operativos, avisos de capturas o detalles de pesquisas permite que organizaciones criminales se reorganicen y ejerzan represalias contra víctimas o testigos.
La propuesta plantea que cualquier funcionario que incurra en este acto sea separado definitivamente de la institución y reciba una sanción penal proporcional al daño ocasionado.
Aumento de penas y control de beneficios: ¿qué reformas al Código Penal se proponen?
El Ejecutivo solicitó facultades legislativas para modificar aspectos clave del Código Penal, particularmente en delitos donde la actual regulación resulta insuficiente o poco disuasoria.
Entre las medidas más relevantes se encuentra:
1. Incremento de la pena por resistencia o desobediencia
La pena pasaría de 5 a 8 años, a fin de evitar el uso excesivo de la suspensión de la pena y fortalecer la capacidad del Estado para castigar la agresión contra la autoridad policial.
2. Tipos penales previos al delito de extorsión
El ministro planteó incorporar nuevas figuras que castiguen amenazas o exigencias económicas incluso si el criminal no llega a recibir el dinero. Esta reforma permitiría al Estado intervenir antes de que la extorsión se consume, protegiendo a las víctimas y acelerando las detenciones.
Golpe a la minería ilegal y al mercado negro de datos
La presentación también abordó delitos relacionados al financiamiento criminal. Entre las propuestas destacan:
1. Criminalización del tráfico de datos robados
Se plantea modificar la Ley de Delitos Informáticos para sancionar penalmente la adquisición, comercialización o tráfico de datos informáticos obtenidos ilícitamente, un mercado clandestino que alimenta estafas, suplantación de identidad y esquemas de extorsión digital.
2. Nuevo delito para toda la cadena de valor de la minería ilegal
El Ejecutivo propone sancionar desde la extracción hasta la comercialización y exportación del mineral ilegal, eliminando además el beneficio del principio de oportunidad para quienes participen en este delito. Con ello se busca atacar el financiamiento de mafias que operan en Madre de Dios, Puno, Arequipa y la Amazonía.
Fichero Nacional de Titularidades Financieras: una herramienta clave para lavado de activos
Otra de las propuestas de mayor alcance es la creación del Fichero Nacional de Titularidades Financieras, una base centralizada que permitirá a los investigadores acceder —en un plazo máximo de 24 horas— a información sobre titularidad de cuentas, productos financieros y movimientos vinculados a personas investigadas por lavado de activos.
La plataforma estará supervisada por la SBS, y busca cerrar brechas en la trazabilidad de dinero ilícito que hoy se mueve a través de cuentas, cooperativas, apps o instrumentos financieros de bajo control.
Conclusión: ¿qué impacto tendrán estas reformas?
Las medidas planteadas por el Ejecutivo buscan reforzar la respuesta del Estado en un escenario donde el crimen organizado opera con velocidad, recursos y redes transnacionales. Con el aumento de penas, la criminalización de nuevas conductas y el fortalecimiento de la inteligencia financiera, el Mininter espera disminuir la capacidad de maniobra de mafias dedicadas a la extorsión, sicariato, minería ilegal y delitos informáticos.
El debate ahora queda en manos del Congreso, que deberá evaluar si estas reformas serán aprobadas vía delegación de facultades legislativas.