El anuncio de la presidenta Dina Boluarte de crear un marco legal que impida que los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA) sean juzgados en el fuero civil por delitos de función y en cambio, sean procesados exclusivamente en el Fuero Militar – Policial ha generado controversia, en un contexto en el que el Ministerio Público investiga a exaltos mandos castrenses por la muerte de 49 civiles durante las protestas que siguieron al fallido autogolpe del expresidente, Pedro Castillo.
El abogado experto en derecho militar -policial, Carlos Enrique Egoavil Abanto, explicó a CARETAS que, con la reforma, serían las inspectorías de la Policía o de las tres armas que componen las FFAA, las encargadas de investigar los delitos y posteriormente, de determinar si pasan a ser procesadas en el fuero especial o se archivan.
El especialista explicó que, en la actualidad, la Fiscalía en el fuero especial es ejercida por un oficial de una institución distinta a la del acusado; es decir, si un policía fuese investigado, el encargado de acusarlo sería un miembro del Ejército, de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea.
Además, indicó que si el informe de la inspectoría respectiva dispone que el fuero especial se encargue de un caso, este sería investigado nuevamente por la Fiscalía Militar – Policial que puede pedir como máxima sanción, el pase al retiro del oficial acusado.
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En estos procesos también participan la Procuraduría, que ha llegado a pedir indemnizaciones y reparaciones civiles, indica Egoavil Abanto.
Actualmente, si un delito de función contra un policía o militar es archivado por el fuero especial, el denunciante puede acudir a la justicia civil, pero con la propuesta de Boluarte, este camino se cerraría, explica el abogado.
Para el jurista el mensaje que querría dar el Gobierno estaría orientado a limitar las protestas ciudadanas. “Si las protestas ya no las ve el fuero común sino el fuero militar, con sus propias reglas, la pregunta es ¿cuántos presos existen por delitos de función en el Perú? Hasta donde sé, ninguno”, amplió.
Sin embargo, indicó que si el Fuero Militar – Policial resuelve pasar al retiro a uno de sus investigados, este ya no contaría con el fuero especial y podría ser nuevamente juzgado por la justicia civil.
Pero también explicó que los militares y policías que ya están siendo procesados a nivelo judicial podrían acogerse retroactivamente a esta norma para que sus casos pasen a ser juzgados por el fuero militar.