Refuerzo financiero contra el crimen organizado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas por S/ 48 058 483 a favor del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del sistema fiscal en la lucha contra el crimen organizado. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, forma parte del plan del Gobierno del presidente José Jerí para reforzar la seguridad ciudadana y agilizar los procesos de investigación penal en todo el país.
La decisión se ejecuta con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, y se orienta a cubrir gastos operativos, desplazamientos y diligencias de fiscales, así como peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Objetivos de la transferencia
El financiamiento permitirá costear acciones periciales, operativos especiales y audiencias judiciales vinculadas a delitos de alta complejidad, incluyendo el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y la trata de personas. Asimismo, se busca garantizar la conectividad y funcionamiento de las fiscalías penales, mixtas y especializadas, muchas de las cuales enfrentan limitaciones presupuestales para cubrir gastos logísticos.
El MEF subrayó que esta asignación responde a un enfoque de gestión orientado a resultados, priorizando recursos hacia instituciones que actúan directamente en la prevención, investigación y sanción de delitos graves. En ese sentido, el fortalecimiento del Ministerio Público se considera clave para consolidar la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado en diversas regiones.
Compromiso con la seguridad ciudadana
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que la medida reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad y la justicia. “La lucha frontal contra la delincuencia es una prioridad nacional. Desde el MEF estamos garantizando los recursos necesarios para que los fiscales puedan cumplir eficazmente su labor en defensa de la ciudadanía”, señaló tras la aprobación de la norma.
El Ejecutivo viene implementando una estrategia integral para “pasar de la defensiva a la ofensiva” frente a la criminalidad, combinando acciones de inteligencia policial, inversión en infraestructura penitenciaria y apoyo logístico a los operadores de justicia. Esta transferencia se suma a otras medidas adoptadas en los últimos meses, destinadas a reforzar la capacidad institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.
Antecedentes y continuidad institucional
La partida de S/ 48 millones fue inicialmente solicitada durante la gestión de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, como parte de un paquete de refuerzo presupuestal destinado a mejorar la cobertura de las fiscalías provinciales. El actual Gobierno decidió dar continuidad a dicha solicitud, considerando el aumento de casos por crimen organizado y la necesidad de fortalecer la articulación entre las fiscalías especializadas y las unidades de investigación policial.
Con esta asignación, el Ejecutivo busca asegurar que las investigaciones fiscales no se vean interrumpidas por falta de recursos, garantizando la presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por la criminalidad, como las regiones del norte, el VRAEM y la Amazonía.