El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió este miércoles a la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú para explicar el preocupante aumento de extorsiones que afectan a negocios y emprendedores en el país. Durante su exposición, Malaver detalló cifras alarmantes que revelan el impacto económico y social de este delito, así como las medidas que el Gobierno está implementando para contener esta ola criminal.
¿Qué está pasando con las extorsiones en el país?
Malaver informó que más de 5,000 bodegas han cerrado sus puertas en todo el Perú debido a amenazas constantes, cobro de cupos y presiones ejercidas por redes criminales organizadas. Esta realidad, explicó, ha puesto en jaque la estabilidad económica de cientos de familias que dependen de estos negocios como única fuente de ingresos.
Las denuncias formales por extorsión suman ya 2,772, lo que representa un incremento del 19 % en comparación con períodos anteriores. Sin embargo, el ministro señaló que esta cifra oficial apenas refleja una parte del problema, pues muchas víctimas deciden no denunciar por temor o por desconfianza hacia las autoridades.
La extorsión ya no es solo en las calles: el auge del delito virtual
Uno de los aspectos más preocupantes revelados durante la sesión fue la transformación en la modalidad delictiva. Malaver detalló que, aunque los robos callejeros han disminuido, los delincuentes ahora operan principalmente desde el entorno virtual. “El criminal ya no arriesga exponerse en las calles, se esconde detrás de un teléfono móvil para intimidar a distancia”, afirmó.
Esta nueva dinámica hace que los comerciantes y pequeños empresarios sean más vulnerables, ya que se enfrentan a amenazas que llegan a sus hogares o negocios sin que puedan identificar fácilmente a los responsables.
Telefonía informal y chips sin control: un riesgo para la seguridad
El ministro Malaver también señaló a la venta informal de chips telefónicos como un factor clave que facilita la actividad criminal. “La comercialización indiscriminada de chips sin verificación biométrica permite a los delincuentes actuar de manera anónima y evadir la justicia”, explicó.
Además, indicó que existe una demora preocupante en el cumplimiento de disposiciones judiciales por parte de las empresas operadoras de telefonía. Por ello, el Ministerio del Interior mantiene diálogo constante con Osiptel para acelerar la implementación de controles y regulaciones que restrinjan la venta irregular de chips.
¿Qué medidas está tomando el Gobierno?
Como parte de la respuesta institucional, el Ministerio del Interior ha presentado un proyecto de ley para regular la tenencia y comercialización de armas y explosivos, buscando cortar el vínculo entre estos materiales y las redes de crimen organizado que extorsionan a negocios.
Asimismo, se impulsa un control más estricto en la compra de municiones y en el acceso a materiales de alto poder destructivo, elementos frecuentemente vinculados a acciones extorsivas violentas.
Carlos Malaver enfatizó que la coordinación entre el Congreso, las fuerzas del orden y entidades reguladoras será fundamental para proteger a los ciudadanos y evitar que el miedo paralice la economía local.
¿Qué sigue para combatir la extorsión?
El ministro cerró su intervención con un llamado a la acción conjunta. “No podemos permitir que el temor destruya el comercio y la confianza de nuestra gente. Estamos comprometidos a revertir esta situación con decisiones firmes y trabajo coordinado”, aseguró.
La ciudadanía y el sector empresarial esperan que estas medidas se traduzcan en resultados efectivos, que garanticen la seguridad y el desarrollo económico del país.
