La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala en el marco del caso Madre Mía, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en Huánuco, en 1992. La medida alcanza también a cuatro exmilitares que operaron bajo su mando, cuando Humala usaba el seudónimo “Capitán Carlos”.
La decisión fue tomada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, dirigida por la fiscal provincial Marita Barreto Rivera. La investigación, considerada compleja, se extenderá por ocho meses, hasta mayo de 2026, debido a la cantidad de implicados y a la dificultad de recopilar evidencia histórica.
El expediente se enfoca en los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, ocurridos cerca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón, durante el servicio de Humala como jefe del Batallón Contrasubversivo 313, desde junio de 1992.
Los exmilitares investigados son Tobías Huaringa (“Huaringa”), Nicanor Guerra (“Rambo”), Amílcar Gómez (“Chicho”) y Russel Vela (“Livio”), todos subordinados de Humala en la base militar Madre Mía. Entre las víctimas se identifican Edgardo Isla y Nemer Acuña, asesinados en junio de 1992, así como la desaparición forzada de Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yander Leandro entre junio y septiembre del mismo año.
En junio de 2023, el Equipo Forense Especializado de Ayacucho identificó los restos de 16 personas desaparecidas entre 1991 y 1992, mediante pruebas de ADN, antropología y odontología. Los restos, provenientes de localidades como Yanajanca, San Miguel, La Perla y Shapajilla, fueron restituidos a sus familiares el 20 de julio de 2023, siguiendo los protocolos forenses.
El caso Madre Mía ya había sido archivado en 2009 por la Corte Suprema, que declaró el sobreseimiento de Humala al considerar que no existían méritos suficientes para un juicio oral. La reapertura de la investigación incorpora nueva evidencia y una calificación legal distinta, centrada ahora en crímenes de lesa humanidad.
Como parte de la pesquisa, la Fiscalía tomará declaraciones a Humala, los cuatro exmilitares y familiares de las víctimas, y ha solicitado información al Ministerio de Defensa para completar las diligencias. La complejidad del caso radica en la cantidad de personas involucradas y en la necesidad de reconstruir hechos ocurridos hace más de 30 años.
Con esta investigación, el Ministerio Público busca esclarecer los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas en Huánuco, y determinar la responsabilidad de Humala y sus subordinados durante su mando militar. La reapertura del expediente reaviva la atención sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno en Perú, poniendo al expresidente nuevamente en el centro de la justicia.