La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, brindó detalles técnicos sobre la resolución que ordena la inmediata libertad de Daniel Urresti. Durante una entrevista en el programa N Portada, la magistrada afirmó que el proceso judicial que sentenció al exministro a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos vulneró derechos fundamentales, específicamente el debido proceso y el principio de legalidad penal.
Pacheco explicó que el TC detectó inconsistencias graves en los criterios aplicados a Urresti en comparación con otros implicados en el mismo crimen ocurrido en 1988. Según la magistrada, resultaba jurídicamente «extraño» que, tratándose del mismo evento histórico y delictivo, se hayan aplicado artículos y marcos normativos diferentes para los distintos coacusados, lo que representó una quiebra en la coherencia judicial del caso.
Cuestionamientos a la legalidad y prescripción del delito
Uno de los puntos más críticos señalados por la presidenta del TC fue la aplicación retroactiva de normas y el uso de analogías legales que no pudieron ser justificadas durante las audiencias. Luz Pacheco sostuvo que la sentencia contra Urresti no contó con un sustento adecuado en términos de tipicidad, lo que motivó al pleno del tribunal a declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus.
Asimismo, la magistrada fue enfática al referirse a la temporalidad del caso. Según el análisis del Tribunal Constitucional, el delito por el cual se procesó al exministro ya había prescrito antes de que se dictara la sentencia en abril de 2023. Al haber operado la prescripción por el tiempo transcurrido desde los hechos de 1988, la justicia ordinaria carecía de la potestad para imponer una pena privativa de la libertad efectiva.
Alcance de la resolución y rol del INPE
Luz Pacheco aclaró que el fallo del Tribunal Constitucional no supone un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de Daniel Urresti respecto al asesinato de Hugo Bustíos. El análisis de la máxima instancia constitucional se centró exclusivamente en la forma en que se aplicaron las normas y si estas respetaron las garantías procesales mínimas que exige la Constitución Política del Perú.
Finalmente, la presidenta del TC precisó que la ejecución de la excarcelación queda ahora bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Una vez que la entidad administrativa reciba la notificación formal del fallo, deberá proceder con los trámites correspondientes para que Urresti abandone el centro hospitalario donde se encuentra y recupere su libertad de manera definitiva.