El vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Con el objetivo de cuestionar la validez de los votos emitidos en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial de 2026.
La acción legal está dirigida contra la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, norma emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que estableció lineamientos para el desarrollo de actividades electorales fuera del territorio nacional.
Según explicó Ayala en declaraciones a Canal N, la demanda fue presentada a título personal y no en representación formal de la agrupación política.
¿Por qué Juntos por el Perú cuestiona la votación en el extranjero?
De acuerdo con el exministro, el problema no radica en un supuesto fraude electoral. Sino en la existencia de una norma que, a su juicio, no debió ser aprobada una vez convocado el proceso electoral.
“Es un tema objetivo. Yo no estoy diciendo que hubo fraude ni nada de eso. Estoy diciendo que hubo una norma que nunca debió existir y bajo esa norma se han llevado elecciones en el extranjero”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que si la resolución es declarada nula por la justicia, los actos realizados bajo su aplicación también podrían quedar sin efecto. “Esas votaciones devienen en nulidad”, señaló.
Ayala argumentó que las reglas electorales no debieron modificarse después de la convocatoria oficial realizada por el Gobierno en 2025. “Desde ese momento hasta ahora no debió salir ninguna norma que cambie las reglas del juego”, manifestó.
¿Qué regula la resolución cuestionada?
La resolución observada por Ayala establece procedimientos para diversas etapas del proceso electoral en el exterior.
Entre otros aspectos, permite que los personeros acreditados puedan registrar mediante fotografías o videos el proceso de escrutinio. Siempre que no interfieran con el trabajo de los miembros de mesa.
Asimismo, prohíbe captar imágenes de los rostros de los integrantes de mesa en cumplimiento de las normas de protección de datos personales vigentes en cada país.
La norma también establece que los funcionarios consulares son responsables de recoger y trasladar las cédulas de sufragio y demás documentación electoral, garantizando la cadena de custodia durante todo el proceso.
Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe informar previamente a la ONPE sobre los funcionarios responsables, las rutas de traslado y los detalles logísticos relacionados con el material electoral.
Juntos por el Perú mantiene cuestionamientos al proceso
La demanda se presenta en medio de los cuestionamientos formulados por sectores de Juntos por el Perú respecto al desarrollo de la segunda vuelta presidencial y cuando el conteo oficial de la ONPE se encuentra en su etapa final.
Pese a ello, Ayala insistió en que la acción judicial no busca denunciar fraude electoral, sino cuestionar la legalidad de una disposición que, según sostiene, vulneró el principio de intangibilidad de las normas electorales durante el proceso.