Los magistrados consideran que, de ser aprobada su remoción, supondría un “quiebre del orden democrático en el Perú y atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la República”.
Señalaron que la evaluación de si existe o no un conflicto de intereses en sus decisiones respecto a los procedimientos contra la suspendida fiscal Patricia Benavides, le corresponde exclusivamente a ellos de acuerdo a su ley orgánica.
Asimismo, señalaron que su ley orgánica los faculta a elaborar sus reglamentos internos y especiales, lo que a su vez, los facultó para definir el procedimiento disciplinario inmediato en su reglamento vigente desde enero del 2020.
Finalmente, demandaron respeto a sus competencias constitucionales, a la independencia de poderes y a la defensa de la institucionalidad democrática.