Un proceso que marca un punto crítico para la política peruana
El juicio oral contra Martín Vizcarra, expresidente y exgobernador regional de Moquegua, entra en su fase definitoria tras meses de exposición probatoria por parte del Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Vizcarra recibió más de S/2 millones en sobornos provenientes de dos consorcios que se adjudicaron obras emblemáticas: Lomas de Ilo, a cargo de Obrainsa, y el Hospital de Moquegua, ejecutado por ICCGSA.
La etapa actual —la lectura de alegatos finales— es considerada por analistas como el momento más delicado de este proceso, pues en las próximas semanas el tribunal deberá evaluar si la evidencia presentada es suficiente para condenar o absolver a uno de los personajes más influyentes de la política reciente.
Para la Fiscalía, las pruebas “encierran un patrón sistemático de favorecimiento”, mientras que para la defensa, el caso está “plagado de interpretaciones forzadas”. En medio del ruido político, la pregunta clave es: ¿qué evidencia concreta sostiene la acusación contra Vizcarra?
La acusación fiscal: pagos, reuniones y rastros digitales
Según el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra recibió S/1 millón de Obrainsa y S/1.3 millones de ICCGSA como presuntos pagos ilícitos durante su gestión en Moquegua. A cambio, habría otorgado información privilegiada y direccionado decisiones internas que beneficiaron a ambos consorcios en concursos públicos.
La Fiscalía ha introducido diversos elementos probatorios, entre ellos:
- Registros de llamadas que vinculan a Vizcarra con representantes de las empresas.
- Chats y mensajes en los que se coordinarían reuniones clave.
- Documentos y memorandos que demostrarían conocimiento directo sobre avances de procesos de adjudicación.
- Geolocalización del teléfono del exmandatario, que lo situaría en lugares distintos a los que declaró.
- Testimonios de exsocios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua.
Uno de los puntos más comentados del juicio fue un testimonio reciente que contradijo directamente la versión de Vizcarra, quien aseguró que se encontraba en Moquegua durante un día en el que, según la Fiscalía, estaba en Lima gestionando reuniones relacionadas con las obras. La ubicación del teléfono y documentos oficiales respaldan la versión fiscal.
La pregunta que domina el proceso es: ¿los pagos pudieron realizarse sin dejar rastros bancarios? La Fiscalía sostiene que sí, pues se habrían hecho en efectivo y sin intermediación bancaria, un mecanismo habitual en casos de corrupción de obras públicas.
La defensa de Vizcarra: “Nunca recibí un sol ilegal”
El expresidente ha mantenido una postura firme: niega absolutamente haber recibido coimas. Su defensa apunta a que Vizcarra no tenía influencia directa en los procesos de selección y que las decisiones técnicas recaían en comisiones especializadas.
Vizcarra también ha asegurado que el caso debe interpretarse en un contexto político más amplio, pues coincide con el proceso que llevó a su vacancia en 2020. En ese sentido, señala que aún espera pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad de su destitución.
Aunque afirma que asistirá a la lectura de sentencia cuando sea convocado, ha anunciado públicamente que no postulará a ningún cargo político mientras el juicio siga en desarrollo. Con ello busca desmarcarse de cualquier interpretación electoral de sus declaraciones.
La defensa cuestiona además la validez de algunos testimonios, alegando que provienen de personas que buscan beneficios procesales.
La duda central que buscan instalar es: ¿la Fiscalía interpreta coincidencias como pruebas concluyentes?
UNOPS en el centro del debate: ¿garantía o herramienta de fachada?
Uno de los ejes más controvertidos del proceso es el rol de UNOPS, entidad de Naciones Unidas que participó como evaluadora técnica de las obras investigadas. Para la Fiscalía, Vizcarra habría impulsado la intervención de UNOPS porque sus recomendaciones no eran vinculantes, lo que permitía mantener control político sobre las adjudicaciones.
En cambio, la defensa argumenta que la participación de UNOPS representó una garantía de transparencia y que su uso ha sido habitual en contrataciones públicas de gran envergadura en el Perú.
Este punto continúa en debate y podría ser determinante. La pregunta jurídica que se discute es:
¿la presencia de UNOPS realmente impedía la manipulación de los procesos o solo generaba una apariencia de imparcialidad?
¿Qué viene ahora en el juicio?
Superada la etapa de alegatos, el tribunal iniciará su fase de deliberación para emitir sentencia. En esta etapa se revisará:
- La consistencia de las pruebas digitales.
- La credibilidad de los testimonios.
- La coherencia de la narración fiscal frente a la defensa.
- La trazabilidad de los presuntos pagos ilícitos.
La sentencia podría conocerse en las próximas semanas, y marcará uno de los fallos más importantes en materia de corrupción política de los últimos años.
Sea cual sea el resultado, el caso Vizcarra ya dejó una huella: expuso una vez más las tensiones entre transparencia, obra pública y poder político en el Perú.