Diversas asociaciones integradas por magistrados han rechazado un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso porque consideran que dificultan la lucha contra la delincuencia y además, socavan la independencia judicial.
Entre las normas criticadas por los operadores de justicia están la ley que recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, y la norma que impide la incautación de material utilizado en la minería ilegal. También se cuestiona la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad anteriores al 2002, ya que consideran que promueve la impunidad para los militares y los terroristas procesados por estos crímenes.
Otra de las normas cuestionadas por las asociaciones de magistrados es la obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del abogado del investigado.
“Todas estas leyes han debilitado al sistema de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada y han fortalecido a las organizaciones criminales, lo que amerita una exhaustiva revisión o derogación de las leyes promulgadas”, dice el comunicado.
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Asimismo, cuestionan que el Parlamento esté tramitando una iniciativa que busca sancionar hasta con 15 años de cárcel a los jueces que dicten detención preliminar, prisión preventiva o penas de prisión en base a “declaraciones testimoniales no corroboradas”.
El pronunciamiento pide la derogación de estas leyes fue firmado por la Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Juezas del Perú, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia.
Es precisamente esta última asociación la que ha pedido al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que convoque a una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial.