Juntos por el Perú (JP) se pronunció con firmeza tras el asesinato del abogado y precandidato a diputado Percy Ipanaqué Navarro, ocurrido en Piura en circunstancias que, según la organización, apuntan a un acto de sicariato político. El crimen, que ha generado preocupación en el norte del país, vuelve a encender las alarmas sobre el avance del crimen organizado, la violencia electoral y el riesgo para líderes sociales en pleno proceso de precampañas.
El hecho se registró cuando Ipanaqué conducía su vehículo rumbo al cementerio Mapfre, donde fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que abrieron fuego a quemarropa. Para JP, este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un clima de tensión que afecta a dirigentes locales, defensores de derechos y actores políticos.
Un crimen que sacude la escena política en el norte
El asesinato de Percy Ipanaqué, abogado de profesión y figura emergente dentro de JP, ha generado consternación no solo en su organización, sino en diversas agrupaciones políticas que alertan sobre el incremento de ataques contra líderes regionales. ¿Por qué este crimen ocurre justo en pleno periodo preelectoral? ¿Qué denuncias había hecho el precandidato antes de ser atacado?
Días antes del atentado, Ipanaqué había acusado públicamente la existencia de lo que llamó “delincuencia institucional”, señalando presuntos vínculos entre autoridades locales y redes de corrupción. Además, mostraba un rol activo en marchas y pronunciamientos en favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo, condenado recientemente por conspiración para la rebelión.
Para JP, estos antecedentes pueden explicar por qué el abogado habría sido considerado un objetivo político: “Ha sido víctima de quienes veían en él a un potencial adversario en las próximas elecciones generales y de quienes pretenden perpetuar la corrupción institucional”, sostuvo la agrupación en un comunicado.
Sicariato político: ¿una tendencia en aumento en el Perú?
El caso reabre el debate sobre el avance del sicariato como herramienta para dirimir disputas políticas y sociales. La agrupación denunció que, en los últimos meses, varios dirigentes sociales, ambientales y gremiales han sido blanco de amenazas o ataques directos.
JP advierte que existe un Estado “indolente, incapaz y cómplice”, lo que facilita que estructuras delictivas actúen con total impunidad. La muerte de Ipanaqué se suma a una cadena de episodios violentos ocurridos en sectores donde el crimen organizado mantiene presencia activa, especialmente en zonas con disputas territoriales, minería ilegal, tráfico de tierras y actividades económicas informales.
¿Está el país ingresando a un periodo donde la violencia criminal influye en los procesos electorales? ¿Qué medidas se están tomando para proteger a candidatos y dirigentes locales? Hasta el momento, no existe un protocolo nacional específico para proteger a precandidatos en zonas de riesgo.
Investigación urgente y exigencia de justicia
El presidente de JP y congresista Roberto Sánchez Palomino pidió una investigación rigurosa, enfatizando que el país no puede acostumbrarse a vivir en un clima de amenazas permanentes. “El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo”, afirmó.
La Policía y la Fiscalía han iniciado diligencias para determinar la identidad de los sicarios y posibles autores intelectuales del crimen. Las primeras hipótesis no descartan móviles políticos, debido a las denuncias públicas del abogado y su exposición mediática reciente.
Asimismo, el partido pidió garantías para la familia del precandidato y para dirigentes locales que han reportado amenazas similares en los últimos meses.
La violencia como riesgo electoral
El asesinato ocurre a meses de que se definan las candidaturas parlamentarias y presidenciales para 2026. Expertos consultados advierten que este tipo de hechos pueden generar autocensura, miedo y retraimiento en liderazgos regionales, afectando la participación política y debilitando aún más la institucionalidad.
Mientras tanto, la ciudadanía exige que el Ministerio del Interior y la Policía presenten resultados rápidos. La pregunta clave es: ¿se tratará este caso con la misma prioridad que crímenes vinculados al crimen organizado tradicional?