La llegada de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, al país no fue un trámite silencioso. El presidente José Jerí supervisó directamente, desde la sede del Ministerio del Interior (MININTER), el operativo de traslado del extraditado, en una jornada cuidadosamente monitoreada y comunicada como parte de la estrategia gubernamental contra la criminalidad organizada.
Desde San Isidro, el jefe de Estado siguió en tiempo real las acciones desplegadas por la Policía Nacional, incluida la presentación pública del detenido ante los medios, conforme a los protocolos establecidos. La escena buscó proyectar control, coordinación y autoridad, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.
Un traslado bajo vigilancia política
El extraditado arribó desde la República del Paraguay a la sede de la Dirección de la Policía Aérea, en el Callao, donde se activaron los procedimientos formales correspondientes a su situación legal en territorio nacional. Desde allí, el caso pasó rápidamente al plano político-comunicacional.
En el mismo recinto se ofreció una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Justicia, Walter Martínez, quienes destacaron la cooperación internacional y el trabajo articulado del Ejecutivo para concretar la extradición.
De la pista aérea a la DIRCOTE
Tras cumplir las diligencias iniciales, Moreno Hernández fue trasladado a la sede de la DIRCOTE, en el Cercado de Lima, donde permanecerá bajo custodia policial en una carceleta, a la espera de su internamiento en un establecimiento penitenciario, según dispongan las autoridades judiciales.
El mensaje oficial es claro: el Estado no solo logró traer de vuelta a uno de los criminales más buscados, sino que mantiene el control absoluto sobre su situación procesal. Sin embargo, el énfasis en la supervisión presidencial revela también la necesidad política de mostrar resultados tangibles frente a un fenómeno que sigue expandiéndose.
El perfil criminal
Según las autoridades, El Monstruo es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, vinculada a delitos de extorsión y sicariato, actividades que han golpeado con fuerza a comerciantes, transportistas y vecinos de Lima Norte.
Su extradición reactiva procesos judiciales pendientes y coloca nuevamente bajo la lupa la capacidad del sistema para desarticular estructuras criminales que, durante años, lograron operar, expandirse y fugar del país.
Un gesto de autoridad en clave política
La presencia directa del presidente Jerí en la supervisión del operativo no es menor. En momentos en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos y un clima de desconfianza, la imagen de control sobre un caso emblemático de crimen organizado cumple una doble función: reforzar la narrativa de autoridad y enviar una señal de respaldo a las fuerzas del orden.
Pero el trasfondo persiste. La extradición es un logro, sí, pero también un recordatorio de las fallas previas que permitieron la fuga y el fortalecimiento de estas redes delictivas. El desafío no termina con el retorno del cabecilla, sino con la capacidad del Estado para cerrar las brechas que hicieron posible su ascenso.