La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, así como a tres funcionarios del organismo y al representante legal de la empresa Galaga SAC, por el caso del retraso del material electoral ocurrido el último 12 de abril.
Entre los denunciados también figuran el gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional, Ricardo Saavedra Mavila; el gerente de Administración, Edward Alarcón González; el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; y el representante de la empresa contratista, Juan Alvarado Pfuyo.
Delitos imputados por el JNE
Según la denuncia, los implicados habrían incurrido en presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, además del delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
El caso fue presentado ante el Ministerio Público para que se inicien las diligencias correspondientes, tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral.
Fallas en logística y sistema electoral
El documento del JNE señala que la ONPE ejecutó el despliegue del material electoral a través de procesos de contratación que culminaron con la adjudicación del servicio a la empresa Galaga SAC.
Sin embargo, el organismo electoral sostiene que la empresa no contaba con unidades suficientes para cumplir el servicio, lo que habría generado retrasos en la distribución del material electoral.
Incluso, se indica que la empresa habría recurrido a convocatorias externas para conseguir vehículos, lo que evidenciaría deficiencias en la planificación logística.
Observaciones al sistema STAE y supervisión
La denuncia también cuestiona el funcionamiento del Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio (STAE), el cual, según el JNE, no habría contado con los controles de estabilidad y redundancia necesarios para soportar la carga del proceso electoral.
Asimismo, se advierte que a primeras horas del día de votación, varias mesas no contaban con el material electoral necesario, lo que impidió su instalación oportuna.
El JNE también señala presuntas omisiones en la supervisión de la flota de transporte y en la activación de mecanismos de control durante el despliegue logístico.
Señalamientos sobre responsabilidades individuales
En el caso del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el JNE sostiene que habría tenido conocimiento de la crisis logística y tecnológica, sin comunicar oportunamente la magnitud de los hechos.
Además, se cuestiona que la decisión de exonerar multas a ciudadanos que no pudieron votar habría sido interpretada como una admisión de fallas en el proceso electoral.
Respecto a los demás funcionarios, la denuncia atribuye responsabilidades vinculadas a la planificación, organización y ejecución del proceso electoral, así como a la supervisión de los centros de distribución.
Diligencias solicitadas a la Fiscalía
El JNE solicitó al Ministerio Público una serie de actuaciones, entre ellas la declaración de los implicados, pericias al sistema STAE, informes técnicos de la ONPE y documentación sobre el proceso de contratación de la empresa Galaga.
Asimismo, pidió información a la Contraloría General de la República y al OECE sobre los procedimientos administrativos, sanciones y trazabilidad del material electoral.
Investigación en curso tras jornada electoral
El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen responsabilidades penales en los hechos ocurridos durante el proceso electoral.
Las investigaciones buscarán esclarecer las fallas en la cadena logística y tecnológica que afectaron el desarrollo normal de la jornada electoral.