José Jerí, presidente interino de la República, negó que sus recientes intervenciones en penales respondan a un “show” mediático y defendió su presencia directa en operativos de requisa, pese a las críticas y a la denuncia penal presentada en su contra.
A través de un video difundido en TikTok, el mandatario recopiló cuestionamientos a su accionar y respondió que, para él, “gobernar es actuar y dar la cara, no comentar desde la tribuna”.
“Estamos asumiendo el costo, sin importar las consecuencias que ello puede implicar, porque cuando uno está comprometido con el objetivo, no importa exponerse a lo que tenga uno que hacer”, se le escucha decir en la grabación.
Controversia por intervención en el penal Ancón I
Las declaraciones de Jerí se producen en un contexto de creciente controversia tras su visita al penal Ancón I durante la madrugada del viernes 23 de enero, acompañado de una comitiva de aproximadamente 50 personas.
El operativo fue duramente cuestionado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE), que calificaron la intervención como improvisada y contraria a los protocolos de seguridad vigentes.
Denuncia penal por presuntas irregularidades
A raíz de estos hechos, el INPE y el sindicato penitenciario presentaron una denuncia penal contra el presidente interino, acusándolo de haber ingresado al establecimiento sin cumplir con los controles biométricos y de permitir el ingreso de celulares y equipos de comunicación, lo cual está prohibido por la Ley 29867.
El técnico penitenciario Julio Lurita Tarazona sostuvo que estas acciones podrían constituir delitos sancionados con penas de seis a ocho años de prisión. La denuncia incluye presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y delitos contra la seguridad pública.
Riesgo de amotinamiento y críticas del sindicato
El secretario general del SINTPE-INPE, Julio Burga, afirmó que la irrupción de la comitiva presidencial generó un escenario de caos que estuvo a punto de provocar un amotinamiento.
“La Policía se tiene que someter a los protocolos de seguridad que nosotros tenemos establecidos. Ellos no pueden irse por sobre la ley”, señaló.
Los trabajadores penitenciarios calificaron la intervención como un “show político” y un fracaso operativo, al señalar que el interno que se pretendía exhibir ante los medios ya había sido trasladado previamente al penal de Challapalca.
Señalamientos contra la Policía y el Ejecutivo
Debido a esta situación, la denuncia también alcanzó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, por presuntamente haber brindado información incorrecta al presidente.
Lurita cuestionó además el desconocimiento técnico del Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y rechazó las acusaciones de ocultamiento de información por parte del personal del INPE.
“Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten. Este uniforme y esta gorra se ganan, no nos regalaron el puesto”, expresó.
Denuncias de intereses políticos y reforma penitenciaria
El sindicato sostiene que este tipo de intervenciones buscan desprestigiar al INPE para justificar una reforma estructural que implicaría reemplazar a funcionarios de carrera por personal del PRONACEP, bajo la futura Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Los trabajadores advierten que este proceso respondería a intereses políticos y económicos, y no a una solución real de los problemas del sistema penitenciario. Asimismo, solicitaron auditorías sobre el uso de recursos públicos en los operativos y mayor transparencia en la ejecución presupuestal.