A estas alturas, si los fiscales mediáticos del país se quedan finalmente sin trabajo, podrán buscar chamba en Netflix. La fiscal superior provisional Marita Barreto del Equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) ya va por el capítulo 11 de la serie Valkiria y los rumores apuntan a que la temporada seguirá con la docena.
El último operativo, que involucró el apoyo de más de 100 policías, se inició en la madrugada del martes 23. Ocurre una semana después de que el comandante Harvey Colchado fuera suspendido como jefe de la División de la Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) por la Inspectoría General de la PNP. Días después, el Ministerio del Interior le comunicó que tampoco iría más en la coordinación del Eficcoop.
Las sanciones se dieron luego que el propio Colchado pusiera como su perfil de Whatsapp la foto de la torta decorada que su equipo le regaló por su cumpleaños número 50, en la que se observa a un “Colchadito” por tumbar una puerta con la comba “torito” que utilizó en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte. Barreto rechazó la sanción y la consideró una amenaza del poder corrupto.
La respuesta de la fiscal evidencia un rasgo que sin duda comparte con su intrépido compañero de la Policía, que es la falta de criterio.
Qué duda cabe, Valkiria 11 le ha complicado más la vida a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Fueron detenidas siete personas, entre ellos Miguel Girao, un exasesor de confianza de Benavides. Las investigaciones originadas en el canto de jilguero de Jaime Villanueva, el otro exasesor de Benavides, apuntan a que Girao pagó en marzo de 2023 la cuota inicial de S/ 248 mil de un departamento en San Isidro con dinero proveniente de una coima.
Hay otros episodios de presuntos sobornos en la trama de Valkiria 11, pero el que por el momento involucra directamente a Benavides tiene que ver con la compra de computadoras para el Ministerio Público por más de S/ 4 millones entre octubre y diciembre de 2023 a la empresa Inversiones Tecnológicas S.A.C.
De yapa, se allanó la oficina de Óscar Nieves, exconsejero legal de Dina Boluarte, quien habría ofrecido dinero a Girao y el fiscal supremo adjunto provisional Marco Huamán para que se archive una investigación de narcotráfico contra Camilo Peirano Blondet, personaje que se ha salvado de pagar con la cárcel varios casos delictivos en los que ha estado vinculado.
Otro de los domicilios allanados fue el del periodista Juan Carlos Tafur, quien según Barreto sería un brazo mediático de la organización criminal de Benavides. A Tafur, su esposa y su chofer les incautaron celulares y laptops.
Según el expediente, “aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, (Tafur) se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Barreto, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva; además de ello, participó activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’”.
Castillo Alva fue detenido con su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep. Conocidos en los sinuosos callejones de la coimacracia, se les señala por hacer un pago de USD 60 mil a Villanueva y Girao para remover a fiscales del Equipo Especial Cuellos Blancos, incluido al coordinador, que investigaban a Castillo Alva, lo que eventualmente Benavides realizó.
En esa línea, el “reporte de desprestigio” publicado por Tafur sería “Sada Goray: la dueña de la Fiscalía” (Sudaca, 19/02/2023), en el que el periodista criticó a Barreto por los viajes que realizó a Punta Cana y Estados Unidos entre noviembre de 2022 y enero de 2023 para recabar la declaración de la empresaria Goray, que pagó más de S/ 9 millones en coimas a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, con una parte que habría llegado al exmandatario.
En diciembre de 2023 se dio a conocer un documento fiscal según el cual Tafur y César Romero de La República fueron seguidos y videovigilados por el Ministerio Público bajo la hipótesis de pertenecer a los Cuellos Blancos.
El mismo documento concluye que “no se han identificado ni corroborado los supuestos roles, la división de tareas de periodistas o integrantes de medios de comunicación, o de abogados o de personas que actuarían dentro de un plan criminal común”.
Barreto ya había mandado a seguir a los periodistas, pero no le ligó. Esta vez, como con la torta de Harvey, la fiscal se mete en la película y lo acusa de desprestigiarla con un reportaje. A partir de ello justifica el allanamiento a su casa y la incautación de sus equipos. Aquí hay un claro conflicto de interés que se podría encausar, en todo caso, con una denuncia por difamación. No con la utilización del poder para amedrentar a hombres de prensa.
Aquí no se trata de considerar sacrosanto el trabajo periodístico. De hecho, parte del problema del Perú ha recaído en la prensa dispuesta a armar la carpa de un circo interminable donde los matices han desaparecido por completo y los fiscales –igualmente binarios, adictos a las cámaras y a la larga poco eficaces– terminaron siendo héroes cívicos. Falsos héroes y heroínas que pueden terminar por devorar a sus creadores, como lo hicieron con buena parte de la clase política.
Hoy Barreto está detrás de Benavides, que terminará de caer si le comprueban actos de corrupción. Pero no puede dejar de sorprender que, en julio de 2023, solo cuatro meses antes del primer “Valkiria”, Barreto y Colchado la condecorasen como la fiscal del año. El nivel institucional es muy bajo, los abusos contra la ciudadanía y la prensa tocan a la puerta y es el propio periodismo uno de los actores que ha tendido la mesa.
