El proceso judicial contra Pedro Castillo Terrones y su entorno más cercano entra en su fase decisiva. La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que los responsables del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 afronten, además de eventuales penas de prisión, una reparación civil superior a los 65 millones de soles, por los perjuicios políticos e institucionales causados al país.
El golpe que sacudió la democracia peruana
Durante la audiencia de este martes, la Procuraduría presentó sus alegatos de clausura ante el tribunal que evalúa las responsabilidades por la fallida disolución del Congreso. El procurador Mario Camacho Lazarte argumentó que la actuación de Castillo y sus exministros provocó un daño “profundo y duradero” al orden democrático y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
“El daño no tiene factura, pero sí consecuencias que el país sigue padeciendo. La reparación civil que pedimos no es venganza, sino restitución”, declaró Camacho durante su exposición. El pedido económico asciende a 64 millones 419 mil 038 soles por daño extrapatrimonial al Estado y un millón adicional por los delitos conexos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
¿Quiénes deberán pagar la millonaria reparación?
El pedido de la Procuraduría incluye a Pedro Castillo, a su entonces primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en México; al ex jefe del gabinete Aníbal Torres y a otros cuatro exfuncionarios acusados del delito de rebelión. Según el alegato del Estado, todos participaron, en distintos niveles, en la planificación y ejecución del intento de quiebre constitucional.
Camacho Lazarte expuso que la PGE presentó evidencia documental, testimonial y pericial que demostraría la coordinación previa al anuncio de disolución del Congreso, el 7 de diciembre de 2022. Además, se solicitó al tribunal investigar la transferencia de bienes presuntamente realizada por Betssy Chávez para evitar el cobro de la reparación civil.
“Este caso sienta un precedente histórico: ningún alto funcionario está por encima de la Constitución”, subrayó el procurador.
El contexto judicial y político del caso
El juicio oral por el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo avanza en medio de una tensa coyuntura política. Mientras la defensa insiste en que se trató de un “acto desesperado” sin capacidad real de ejecución, la Fiscalía y la Procuraduría sostienen que existió un plan concertado para subvertir el orden democrático y tomar control del país.
El Ministerio Público acusa a Castillo y sus exministros de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, delitos que podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión. La defensa de Aníbal Torres rechazó tales cargos, asegurando que su patrocinado “no se alzó en armas” ni participó en ninguna conspiración.
¿Cuándo se conocerá la sentencia?
Las audiencias finales del caso continuarán este jueves, cuando las partes culminen la presentación de sus alegatos. Luego, la sala anunciará la fecha para la lectura de sentencia, en lo que podría convertirse en uno de los fallos más emblemáticos de los últimos años en el país.
El proceso judicial, iniciado a fines de 2023, ha puesto bajo la lupa la responsabilidad penal y política de quienes acompañaron a Pedro Castillo en su intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial.
De confirmarse la culpabilidad, el pago de la reparación civil millonaria representará un mensaje contundente: el Estado buscará resarcir los daños causados al orden constitucional y recuperar la confianza institucional perdida tras el golpe.
Implicancias del fallo: una advertencia institucional
La Procuraduría subrayó que el pedido de reparación no solo busca un castigo económico, sino sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de las más altas autoridades. Este caso, sostuvo Camacho, “marca un antes y un después en la defensa del Estado de derecho y de la democracia peruana”.
El desenlace del proceso será seguido de cerca por la comunidad internacional, que observó con preocupación los hechos de 2022.
La sentencia final contra Pedro Castillo y sus exministros podría, además, redefinir los límites del poder político frente al control constitucional, consolidando una línea de responsabilidad inédita en la historia judicial peruana reciente.