En un intento por desactivar la crisis de seguridad que paraliza la capital, el presidente José Jerí anunció que el reglamento de la Ley N° 32490, norma diseñada específicamente para combatir la extorsión en el sector transporte, será publicado a más tardar este sábado 17 de enero. Durante una reunión con gremios esta mañana, el mandatario admitió que la respuesta del Estado ha sido “insuficiente” y que la demora en la reglamentación ha sido un descuido que su gestión busca corregir de inmediato.
La normativa, promulgada originalmente en noviembre de 2025, introduce un esquema inédito de responsabilidad estatal: el Ejecutivo deberá compensar económicamente a las empresas formales por la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores a causa de atentados delictivos.
Beneficios económicos y “apoyo financiero post delito”
El reglamento definirá los mecanismos para que las empresas afectadas accedan a una serie de beneficios destinados a su reactivación:
- Compensaciones y seguros: Pago por daños materiales y reparación civil estatal en caso de víctimas mortales.
- Alivio financiero: Acceso a “créditos blandos” a través del Banco de la Nación y exoneraciones temporales de pagos.
- Soporte integral: Asistencia psicológica para los conductores y trabajadores que enfrentan amenazas constantes.
Para acceder a estos recursos, las empresas deberán acreditar el daño sufrido mediante informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o autoridades competentes, asegurando que el beneficio llegue a quienes han sido efectivamente golpeados por las mafias de cupos.
El origen de los fondos: Bienes incautados
Un punto clave de la ley es el financiamiento. El dinero para estas reparaciones provendrá de un fondo especial constituido por bienes muebles e inmuebles incautados a organizaciones criminales dedicadas al sicariato y la extorsión. Estos activos son administrados por el Pronabi, que se encarga de subastarlos para recaudar fondos.
No obstante, la norma deja abierta una interrogante crítica: qué sucederá si los daños reportados por el sector transporte superan el valor de lo incautado al crimen organizado, lo que podría derivar en una carga adicional para el tesoro público y, por ende, para los contribuyentes.