El Gobierno peruano dio un nuevo paso en el rescate financiero de Petroperú, aprobando la emisión de bonos por US$287.3 millones con respaldo estatal. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca refinanciar deudas inmediatas de la petrolera estatal y evitar el riesgo de desabastecimiento de combustibles, un escenario que podría afectar gravemente al país.
La autorización fue publicada en una resolución ministerial que detalla montos, cronograma de colocación y el respaldo legal que permitirá sostener la operación. Con este salvavidas financiero, el Ejecutivo ratifica que la prioridad es mantener la continuidad de las operaciones de la principal empresa estatal de hidrocarburos, pese a las millonarias pérdidas que arrastra.
¿Qué obligaciones cubren los bonos de Petroperú?
El MEF detalló que los recursos obtenidos con esta emisión de bonos están destinados a cubrir cartas de crédito con vencimiento entre agosto y septiembre de 2025, compromisos financieros inmediatos que de no cumplirse pondrían en riesgo el suministro. Estas obligaciones se relacionan directamente con el financiamiento de importaciones y operaciones clave para garantizar el flujo de combustibles.
La colocación se realizará de manera interna, con el Banco de la Nación como único comprador, bajo la modalidad privada. Cada bono tendrá un valor nominal de mil soles, con una tasa de interés del 5.40 % anual, pagos semestrales y vencimiento fijado para el 12 de agosto de 2034. De esta manera, se distribuye la carga financiera en un horizonte de casi una década.
¿Cuál es el marco legal y el respaldo estatal?
La operación se sustenta en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y en la garantía que el Estado otorgó a Petroperú en 2022. En la práctica, esto significa que el Gobierno asumirá la responsabilidad de honrar los pagos en caso la empresa no pueda hacerlo directamente.
El MEF atenderá el servicio de la deuda —amortización, intereses y gastos de emisión— con cargo al presupuesto de deuda pública. Así, el rescate no solo representa un alivio financiero para Petroperú, sino también un compromiso directo del Tesoro Público, que se convierte en garante de su supervivencia en medio de la crisis.
¿Por qué Petroperú necesita este rescate?
La petrolera estatal cerró el 2024 con pérdidas de US$774 millones, una reducción respecto a los números rojos del 2023, pero todavía en un escenario crítico. Para 2025, proyecta pérdidas menores de US$223 millones, con la expectativa de recuperar la rentabilidad en los próximos años.
El Gobierno ha señalado que esta medida es urgente porque, de no cubrir las obligaciones inmediatas, se pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles, un servicio estratégico para la economía nacional. La continuidad de operaciones de refinería, importación y distribución depende de que estas deudas se refinancien a tiempo.
¿Qué impacto tiene en las finanzas públicas?
El respaldo estatal convierte esta emisión en una obligación compartida: mientras Petroperú busca recuperar liquidez y sostener operaciones, el Estado asume una nueva carga en su deuda pública. Según el MEF, la decisión responde a la necesidad de mantener la estabilidad energética y evitar un escenario de desabastecimiento que afectaría transporte, industria y servicios básicos.
Aunque se trata de un alivio temporal, la medida abre el debate sobre el futuro de Petroperú y su sostenibilidad. Expertos advierten que si bien los bonos permitirán superar un bache inmediato, la petrolera necesita reformas estructurales y mayor eficiencia para no depender permanentemente de rescates estatales.
¿Qué proyecciones tiene la empresa estatal?
Pese a la crisis, Petroperú mantiene la expectativa de revertir sus resultados en los próximos años. El plan de recuperación incluye la reactivación de operaciones petroleras en lotes clave, el incremento en la refinación de combustibles y la posibilidad de exportar hidrocarburos a países vecinos.
El respaldo financiero otorgado ahora es visto como un “puente” que permitirá mantener la operatividad hasta que estas proyecciones se concreten. Sin embargo, la presión sobre las cuentas fiscales y el cuestionamiento político al rol de la petrolera estatal se mantienen como temas abiertos en la agenda nacional.