El Gobierno del presidente interino José Jerí anunció que Lima Metropolitana será declarada en emergencia ante el incremento sostenido de la criminalidad y los delitos violentos que afectan la capital. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó que la medida estará acompañada de un paquete técnico de acciones inmediatas para fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante una conferencia de prensa realizada la noche del jueves 16 de octubre, Álvarez explicó que la declaratoria “no será meramente formal”, sino que incluirá disposiciones operativas concretas en coordinación con la Policía Nacional y los gobiernos locales. El Ejecutivo se encuentra en sesiones permanentes para definir las medidas que acompañarán el decreto.
El jefe del gabinete indicó que no se descarta la aplicación de un toque de queda, aunque esta posibilidad dependerá del análisis técnico sobre la eficacia real de esa restricción frente a los patrones delictivos actuales. “Muchos delitos se cometen durante el día. Cualquier limitación de libertades deberá justificarse con evidencia”, señaló.
En cuanto al uso de motocicletas, Álvarez informó que el Gobierno evalúa posibles restricciones, aunque advirtió que se adoptarán solo si demuestran resultados tangibles. “No se trata de repetir medidas simbólicas. Debemos actuar con criterios de racionalidad y proporcionalidad”, agregó.
Por su parte, el presidente José Jerí confirmó que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso para endurecer la respuesta penal frente a delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Según dijo, la inseguridad se ha convertido en una amenaza directa a la estabilidad del país. “Nuestro gobierno no descansará hasta recuperar la tranquilidad en las calles”, sostuvo.
El mandatario también lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), ocurrido durante las protestas del 15 de octubre en Lima. Expresó sus condolencias y aseguró que el Ministerio del Interior investigará las circunstancias del hecho. Jerí advirtió que “grupos violentos” intentan manipular las manifestaciones con fines políticos ajenos a su origen.
El Ejecutivo reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica, pero subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los efectivos policiales.
Finalmente, Álvarez insistió en que este gobierno no responde a una ideología política, sino a un mandato de estabilidad institucional hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026. “Nuestro único objetivo es entregar el poder de manera legítima, manteniendo el orden y la democracia”, declaró.