El Gobierno peruano aprobó la extradición de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como ‘Negro Marín’, desde España, para que responda ante la justicia nacional por su presunta participación como líder de una organización criminal dedicada a la extorsión, el sicariato y otros delitos graves. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en el marco de los esfuerzos del Estado para combatir el crimen organizado transnacional.
Marín Morón es señalado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos que operaron en Lima Norte, una zona que durante años fue escenario de disputas entre bandas dedicadas a la extorsión y la violencia armada. Su nombre estuvo asociado a enfrentamientos con la organización liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, otro cabecilla criminal actualmente procesado por la justicia peruana.
Captura en España y proceso de extradición
De acuerdo con información oficial, Miguel Ángel Marín Morón fue capturado en noviembre de 2025 en Madrid, tras una labor coordinada entre la Policía española y las autoridades peruanas. El sujeto había logrado huir del país y establecerse en Europa, lo que motivó la emisión de una alerta internacional para facilitar su ubicación y detención.
Tras su captura, el Estado peruano inició de inmediato el procedimiento de extradición, con el objetivo de que el investigado sea procesado en el país por los delitos que se le imputan. Finalmente, el 7 de febrero de 2026, el Ejecutivo aprobó formalmente la solicitud, dando luz verde a su retorno al Perú en las próximas semanas.
Según el comunicado oficial, Marín Morón es procesado por el delito de organización criminal y es acusado de integrar la banda denominada “Los Sanguinarios de la Construcción”, organización presuntamente dedicada a la extorsión y el asesinato, especialmente en el ámbito de obras y actividades vinculadas al sector construcción.
Acusaciones por sicariato y extorsión
Las investigaciones fiscales señalan que ‘Negro Marín’ habría liderado una estructura criminal responsable de amenazas, cobros extorsivos y homicidios por encargo, generando un clima de temor entre empresarios, transportistas y vecinos de diversos distritos de Lima Norte. Su accionar criminal se habría extendido durante varios años, antes de que lograra salir del país para evadir a la justicia.
El Ejecutivo indicó que la extradición permitirá que el investigado afronte los procesos judiciales pendientes en territorio nacional, en concordancia con la política de lucha frontal contra el crimen organizado y la recuperación del principio de autoridad.
Decisión del Consejo de Ministros
En su pronunciamiento, el Gobierno precisó que la aprobación de la extradición fue adoptada por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Minjusdh, Walter Martínez Laura. En el comunicado se subrayó que esta medida reafirma el compromiso del Estado peruano con la cooperación internacional y con la persecución de organizaciones criminales que buscan evadir la acción de la justicia.
El caso de ‘Negro Marín’ se suma a otros procesos de extradición impulsados recientemente por el Ejecutivo, en un contexto de creciente preocupación por los delitos de sicariato y extorsión que afectan a diversas regiones del país.
Otros pedidos de extradición en curso
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó, además, que se han solicitado las extradiciones de otros seis ciudadanos peruanos actualmente detenidos en España e Italia, quienes deberán responder ante la justicia nacional por delitos como robo agravado y homicidio calificado.
Desde el Ejecutivo se remarcó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para debilitar las redes criminales, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia, incluso si intentan ocultarse fuera del país.
Con la aprobación de esta extradición, se espera que Miguel Ángel Marín Morón sea trasladado al Perú en las próximas semanas, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los procesos en su contra.