El Ministerio Público, a través de un comunicado se pronunció por la reciente aprobación en primera votación del Parlamento Nacional del proyecto de Ley N° 3577/2022-CR, que busca modificar la Ley de Extensión de Dominio.
La fiscalía precisó que esta propuesta es considerada como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras formas de criminalidad.
“Desde la dación del Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio, desde junio de 2019 hasta octubre de 2024, el subsistema de extinción de dominio ha evidenciado su efectividad en la recuperación de bienes y activos vinculados a las actividades ilícitas de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, contrabando, minería ilegal, trata de personas, organización criminal, corrupción de funcionarios y otros; logrando 1419 sentencias fundadas, lo que ha implicado la recuperación de 551 millones de soles, a favor del Estado y en beneficio de la sociedad; convirtiéndose así el Perú, en un referente de la región”, señala el documento.
Asimismo, el comunicado precisa que dicho proyecto, afecta la autonomía e independencia del proceso de extinción de dominio, condicionando y limitando el inicio de la indagación patrimonial a una sentencia penal firme o consentida; cuya consecuencia no solo sería la devolución de los bienes y activos ilícitos a las organizaciones criminales, sino que estos permanezcan e ingresen al mercado lícito, robusteciendo el capital de la criminalidad; permitiendo que se archiven más de 5592 carpetas fiscales que se encuentran en giro, en las fiscalías especializadas en Extinción de Dominio, a nivel nacional.
También precisan que la aprobación de dicho proyecto estaría retrocediendo en la lucha firme y tenaz contra las ganancias, efectos, objeto e instrumento de las organizaciones criminales y transnacionales; retornando a la figura de pérdida de dominio o comiso penal, figuras ya superadas, al no haber obtenido resultados positivos en la lucha contra la criminalidad respecto a sus activos; ocasionado un detrimento para nuestro país.
Finalmente, “exhortan a los representantes de todas las bancadas del Parlamento para que hagan tangibles y efectivos sus compromisos con la ciudadanía y la comunidad internacional, apartándose de las nefastas consecuencias que se pueden originar con la aprobación final del referido proyecto”.