Dos pedidos simultáneos de la Fiscalía de la Nación
El Ministerio Público informó que la Fiscalía de la Nación presentó ante el Poder Judicial un pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte, quien enfrentaba una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado peruano.
De acuerdo con la solicitud, la entonces presidenta de la República se habría interesado en designar funcionarios en EsSalud y en autorizar el pago de beneficios sociales para una persona cercana al médico que le habría realizado cirugías estéticas, lo que configuraría un uso indebido de su posición de poder.
Investigación por negociación incompatible
Según el Ministerio Público, este caso se derivó de las indagaciones iniciadas tras revelarse que la mandataria habría ejercido influencia directa en decisiones administrativas de la Seguridad Social.
Las diligencias preliminares incluyeron la revisión de comunicaciones, correos institucionales y testimonios de exfuncionarios vinculados a los cambios de personal en EsSalud durante el gobierno de Boluarte.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que estos hechos podían constituir un interés indebido en actos públicos, lo que se tipifica como negociación incompatible conforme al artículo 399 del Código Penal. Este delito se castiga con penas privativas de libertad de entre 4 y 6 años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Segundo caso: lavado de activos y Los Dinámicos del Centro
Paralelamente, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) presentó un segundo pedido de impedimento de salida por 36 meses, también contra Dina Boluarte, por su presunta implicación en el delito de lavado de activos.
Esta investigación se vinculó con la recolección de fondos destinados a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, con dinero que, según la hipótesis fiscal, procedería de actividades ilícitas de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
El despacho especializado en lavado de activos indicó que parte de los recursos recolectados habría sido gestionada por allegados a la entonces presidenta, lo que levantó sospechas sobre un posible encubrimiento del origen del dinero y su uso para fines políticos o personales.
¿Por qué la Fiscalía consideró necesario el impedimento de salida?
La medida de impedimento de salida del país fue solicitada como una acción preventiva ante el riesgo de que Boluarte pudiera evadir la justicia o entorpecer las investigaciones.
De acuerdo con la ley procesal peruana, esta restricción puede ser dictada cuando existen suficientes elementos de convicción que vinculen a una persona con la comisión de un delito grave, y se considere que su salida del territorio nacional podría frustrar el proceso penal.
¿Podría la expresidenta enfrentar un proceso judicial sin inmunidad?
La respuesta depende de la etapa procesal. Aunque Boluarte contaba con ciertas prerrogativas por haber sido jefa de Estado, la Fiscalía puede solicitar al Poder Judicial medidas cautelares si existen indicios razonables y el caso se tramita bajo la figura de investigación preliminar.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que ambos pedidos serían evaluados en audiencias separadas por los juzgados penales especializados, que determinarían la procedencia y la duración de las restricciones.
Antecedentes políticos y repercusión institucional
Los pedidos de la Fiscalía llegaron en un contexto político tenso, marcado por acusaciones de corrupción y conflictos institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso durante el mandato de Dina Boluarte.
La investigación por cirugías estéticas ya había generado un escándalo público en abril de 2025, cuando se conocieron los presuntos vínculos del entorno presidencial con médicos y empresarios beneficiados por decisiones estatales.
Por otro lado, la vinculación de Boluarte con el caso Los Dinámicos del Centro profundizó las sospechas sobre la relación del Gobierno con redes de financiamiento político ilegal. Esta organización criminal, originada en el Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón, fue investigada por venta de licencias de conducir y lavado de dinero.
Impacto político y judicial
Los analistas consultados consideraron que estas medidas reforzaban la estrategia del Ministerio Público de mostrar independencia frente al poder político, tras años de tensiones con el Ejecutivo.
En los últimos meses, la Fiscal de la Nación había ordenado intensificar las investigaciones en curso relacionadas con casos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito dentro del entorno presidencial.
Desde el entorno de Boluarte, se informó que la defensa legal de la exmandataria presentaría oposición a las medidas restrictivas, argumentando que no existían pruebas suficientes ni peligro de fuga. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que el volumen de evidencia acumulada y las contradicciones en las declaraciones oficiales justificaban el pedido ante el Poder Judicial.
El caso seguirá bajo reserva
Hasta el cierre de la jornada, el Ministerio Público mantenía ambos casos bajo reserva fiscal, aunque confirmó que las diligencias continuarían en los próximos días con el levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones de las personas involucradas.
De ser admitidos los pedidos, Boluarte tendría restringido su desplazamiento internacional por un periodo de tres años en el caso de lavado de activos y dieciocho meses en el de negociación incompatible.
La decisión final quedaría en manos de los jueces especializados, quienes deberán evaluar los argumentos de la Fiscalía y la defensa técnica antes de emitir una resolución.