El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) dio a conocer que se han formalizado dos nuevas investigaciones por la muerte de 50 civiles en las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Son un total de 20 investigaciones a cargo de este equipo que ya están en etapa de formalización.
El primero corresponde a las pesquisas que se siguen contra el comandante de la Policía, Segundo Martín Ocampo Aguirre, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en la jornada del 9 de enero del 2023, cuando 19 personas fueron asesinadas en Juliaca, Puno.
LEE | Dina Boluarte podría ser acusada como autora mediata de las muertes en las protestas, según Amnistía Internacional
La otra investigación se sigue contra el excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro; el ex jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján; y los oficiales Carlos Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
Cabe señalar que, según el informe “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, elaborado por Amnistía Internacional, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría responsabilidad en la muerte de los 50 civiles que fueron asesinados en las manifestaciones contra el gobierno que sucedieron en el país tras el autogolpe del exmandatario, Pedro Castillo.
De acuerdo a este informe, la mandataria tuvo una coordinación estrecha con los altos mandos de las Fuerzas Armadas durante las jornadas en las que el número de muertos en las movilizaciones iba en ascenso.