En conferencia de prensa, el fiscal Mirko Cano anunció que 762 casos deberán ser archivados solo en Lima, a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
La medida afecta investigaciones en trámite, indagaciones patrimoniales y procesos judicializados en curso, lo que implica un duro golpe para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
Entre los expedientes que quedarán sin efecto figuran casos emblemáticos como Odebrecht, el camarada Artemio, el clan Orellana, Vladimir Cerrón, Lucio Tijero, José Arriola, Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses, Venero y la red criminal de los Intocables Ediles.
De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión representará una pérdida estimada de más de S/ 310 millones para el Estado peruano, además de S/ 880 millones que no podrían recuperarse solo en el caso Odebrecht.
Los fiscales advirtieron que la sentencia del TC, que dispone la caducidad de las investigaciones patrimoniales, podría sentar un precedente que afecte otros procesos en regiones del país, debilitando la capacidad del Estado para recuperar bienes y dinero vinculados a la corrupción.
