El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, planteó una de las propuestas más severas del actual debate electoral: cadena perpetua para los funcionarios públicos que se coludan con el crimen organizado. La iniciativa, según explicó, busca atacar el núcleo del problema de la inseguridad ciudadana, que —a su juicio— está directamente vinculado a la corrupción enquistada en el Estado.
Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, Valderrama sostuvo que existe un profundo malestar ciudadano frente al avance de la criminalidad y la impunidad. “Hay un gran dolor ciudadano que es el asunto de la seguridad y evidentemente la corrupción es la que lo estructura”, afirmó, al referirse a la presencia de policías, operadores de justicia y otros funcionarios que, según dijo, terminan formando parte de redes criminales.
Mano dura contra funcionarios coludidos
Valderrama aseguró que su eventual gobierno aplicaría una política de mano dura contra quienes, desde el aparato estatal, facilitan o protegen actividades delictivas. En ese marco, planteó la aplicación de cadena perpetua para funcionarios que se coludan con bandas criminales, al considerar que las sanciones actuales no generan un efecto disuasivo real.
El candidato aprista cuestionó que, en algunos casos, personas detenidas por delitos graves recuperen su libertad en menos de 24 horas, lo que —según afirmó— evidencia la captura de sectores del sistema de justicia por organizaciones criminales. Frente a ello, propuso reforzar los mecanismos de contrainteligencia en instituciones clave como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sistema penitenciario.
Seguridad sin salir del SIDH
Ante posibles cuestionamientos, Valderrama descartó que su propuesta implique el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Por el contrario, sostuvo que la posición del APRA es promover una reforma del sistema, sin recurrir a lo que calificó como “demagogia política”.
“Salir del Sistema Interamericano toma mucho tiempo y probablemente no serviría para nada”, señaló, al subrayar que su enfoque apunta a fortalecer la capacidad del Estado para sancionar con firmeza a quienes traicionan la función pública, sin abandonar compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Castigos ejemplares a empresas corruptas
En un segundo eje de su propuesta, Valderrama abordó el problema de la corrupción en la obra pública, especialmente en las regiones. Planteó que toda empresa cuyos directivos hayan sido sancionados por actos de corrupción no vuelva a contratar con el Estado, como una medida para cortar de raíz las malas prácticas en las contrataciones públicas.
Asimismo, se refirió al grave problema de las obras públicas inconclusas, que —según indicó— afectan directamente a comunidades que esperan servicios básicos e infraestructura. “Toda empresa que deje una obra abandonada en el país no debe volver a contratar con el Estado”, afirmó, al señalar que estas situaciones generan pérdidas económicas y frustración social.
Corrupción y crimen, ejes del debate electoral
Las declaraciones de Valderrama se producen en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y la desconfianza ciudadana en las instituciones, temas que se han convertido en ejes centrales del debate político rumbo a las elecciones. Su propuesta de sanciones extremas busca diferenciarse dentro del escenario electoral y responder a una demanda de mayor severidad frente a la corrupción y el crimen organizado.
Con este planteamiento, el candidato aprista apuesta por un discurso de tolerancia cero frente a la colusión entre funcionarios y organizaciones criminales, y coloca nuevamente en el centro del debate la eficacia de las penas, la reforma del sistema de justicia y el rol del Estado en la lucha contra la corrupción estructural.