Detrás de algunas de las empresas que aparecen en los registros tributarios como grandes negocios no siempre existen oficinas, almacenes, trabajadores o instalaciones capaces de explicar las millonarias operaciones declaradas. Un reportaje de Cuarto Poder puso al descubierto varios de estos casos: viviendas precarias en Comas, construcciones improvisadas y una carpintería ubicada en el fundo Oquendo que figuran vinculadas a compañías que, según sus registros, movilizan millones de soles al año.
Uno de los casos expuestos corresponde a un inmueble ubicado en Comas que figura como domicilio de una empresa dedicada al rubro hotelero. Según la información difundida, esta compañía habría registrado operaciones por aproximadamente S/9 millones. Sin embargo, en el lugar no se encontraron habitaciones, huéspedes, recepción ni oficinas que permitan asociar el inmueble con un negocio hotelero de semejante magnitud. Se trata de una pequeña vivienda, con una construcción modesta y materiales precarios.
Otro de los domicilios identificados en el reportaje aparece relacionado con una empresa exportadora que registra una facturación cercana a los S/45 millones. La infraestructura encontrada en el lugar tampoco guarda relación aparente con el volumen de operaciones que figura en los registros de la compañía.
La existencia de un inmueble modesto, por sí sola, no demuestra que una empresa sea ficticia o que haya cometido un delito. Una compañía puede tener su domicilio fiscal en un establecimiento distinto a aquel donde desarrolla sus principales actividades, tercerizar servicios o utilizar instalaciones de terceros. Sin embargo, cuando la infraestructura, la capacidad económica y la actividad que pueden comprobarse en el lugar no guardan correspondencia con las operaciones declaradas, estas inconsistencias pueden constituir señales de alerta para la administración tributaria.
El fenómeno adquiere especial relevancia cuando esas compañías son utilizadas para emitir comprobantes por operaciones inexistentes. En ese esquema, una empresa puede generar facturas que aparentan respaldar la venta de bienes o la prestación de servicios que en realidad nunca ocurrieron. Esos documentos pueden ser adquiridos posteriormente por otras compañías que los incorporan a su contabilidad como si correspondieran a operaciones reales.
De esta manera, una empresa que recibe una factura por una operación ficticia puede intentar utilizarla para incrementar sus gastos o costos y, con ello, reducir la renta sobre la cual debe pagar impuestos. Si el comprobante incluye IGV y se cumplen formalmente determinadas condiciones, también puede intentar utilizar ese monto como crédito fiscal. En ambos casos, la operación inexistente puede convertirse en una herramienta para reducir artificialmente la obligación tributaria.
El problema, por tanto, no termina en la empresa que emite el comprobante. El verdadero beneficio económico puede encontrarse en la compañía que utiliza esa documentación para disminuir sus tributos.
La administración tributaria denomina a este tipo de contribuyentes, entre otras categorías, sujetos sin capacidad operativa, económica y financiera para realizar las operaciones que declaran. La identificación de estos casos requiere contrastar la información documental con la realidad económica: capacidad de producción, trabajadores, proveedores, bienes, servicios, movimientos financieros y demás elementos que permitan demostrar que la operación efectivamente ocurrió.
El reportaje de Cuarto Poder mostró precisamente las dificultades que plantea esa tarea. Algunas de las empresas investigadas aparecen registradas en domicilios que resultan difíciles de asociar con las actividades económicas que declaran. Una vivienda ubicada en una zona de Comas, por ejemplo, aparece formalmente vinculada con un negocio hotelero que habría movido alrededor de S/9 millones, pese a que en el inmueble no se observan las condiciones propias de un establecimiento de esa naturaleza.
El caso de Helen Benazar expuesto en el reportaje muestra además cómo personas en situación de vulnerabilidad pueden terminar apareciendo formalmente vinculadas a este tipo de estructuras. Benazar, una recicladora, contó que una persona a quien no conocía le ofreció S/200 a cambio de su firma. Según su testimonio, acudió por voluntad propia a una oficina de la Sunat en Comas y suscribió documentos cuyo contenido no comprendía.
Benazar señaló que no sabe leer ni escribir y que únicamente sabe firmar. También relató que, después de realizar el trámite, la persona que la había contactado se llevó documentos y su clave SOL. Esta última es una credencial personal que permite realizar diversos trámites y operaciones tributarias en línea, por lo que su entrega a terceros puede exponer al contribuyente a operaciones que desconoce.
La mujer terminó enfrentando una deuda ante la Sunat y manifestó que le advirtieron que, si contaba con propiedades, estas podían ser afectadas para cubrir sus obligaciones. En su testimonio, reconoció que había cometido un error al firmar los documentos y sostuvo que fue sorprendida por la persona que la contactó.
El caso no permite establecer por sí mismo quién estuvo detrás de las operaciones ni atribuir responsabilidad penal a las personas que pudieran haber intervenido. Sin embargo, evidencia uno de los riesgos que enfrenta la administración tributaria: que personas con escasos conocimientos sobre el sistema sean utilizadas como titulares o representantes formales de empresas que, en los registros, aparecen realizando operaciones de gran magnitud.
El titular que aparece en un documento puede no ser necesariamente quien administra el negocio o se beneficia de las operaciones. Por ello, una investigación tributaria debe ir más allá de identificar al representante legal de una empresa y determinar quién controla efectivamente la compañía, quién maneja sus cuentas, quién emite las facturas, quién recibe los pagos y si los bienes o servicios que aparecen en los comprobantes realmente existieron.
En el caso mostrado por Cuarto Poder, esa diferencia entre la documentación y la realidad constituye uno de los principales elementos de preocupación. Mientras los registros pueden mostrar compañías que facturan millones de soles, la constatación física de sus domicilios revela espacios que difícilmente permiten explicar esas operaciones.
Una empresa que declara S/45 millones en operaciones, por ejemplo, debe poder demostrar de qué manera desarrolló la actividad económica que generó ese volumen de ingresos. Dependiendo de su rubro, ello podría implicar contar con proveedores, trabajadores, almacenes, maquinaria, establecimientos, contratos, mercancías o documentación que permita reconstruir el circuito comercial. La ausencia de estos elementos no prueba automáticamente una infracción o un delito, pero sí puede justificar una fiscalización más profunda.
El mismo criterio se aplica al caso de la supuesta empresa hotelera. Registrar ingresos por alrededor de S/9 millones requiere que exista una actividad económica capaz de producirlos. Si el domicilio fiscal es únicamente una vivienda precaria y no existe evidencia visible de habitaciones, huéspedes, personal o infraestructura hotelera, corresponde determinar dónde se desarrolló realmente la actividad declarada y quién estuvo detrás de ella.
Ese seguimiento resulta fundamental porque las empresas utilizadas como fachada pueden tener como principal objetivo emitir comprobantes para terceros. La compañía que aparece en Comas puede ser solo un eslabón de una cadena mucho más grande, mientras que la empresa que utiliza las facturas puede encontrarse en otra ubicación y desarrollar una actividad económica completamente distinta.
El perjuicio para el Estado puede ser considerable. Según lo señalado en el reportaje, las operaciones vinculadas con este tipo de mecanismos representarían un daño estimado de alrededor de S/1.500 millones para las arcas públicas. La cifra permite dimensionar que no se trata únicamente de casos individuales, sino de una modalidad que puede afectar de manera significativa la recaudación tributaria cuando se desarrolla de forma organizada.
El impacto también alcanza a las empresas que cumplen con sus obligaciones. Una compañía que paga correctamente sus impuestos compite en condiciones diferentes frente a otra que reduce artificialmente su carga tributaria mediante comprobantes que respaldan operaciones inexistentes. La defraudación, además de reducir los recursos públicos, distorsiona la competencia y perjudica a quienes desarrollan sus actividades dentro de la formalidad.
La investigación fue difundida antes de la designación de César Luna-Victoria como nuevo jefe de la Sunat. Por ello, los hechos expuestos corresponden a un periodo anterior a su gestión y no deben atribuirse al actual titular de la administración tributaria. Su llegada, sin embargo, coloca nuevamente bajo atención la capacidad de la Sunat para detectar y desarticular estas estructuras, especialmente mediante el cruce de información tributaria, financiera, societaria y comercial.
El reto consiste en identificar las inconsistencias antes de que el perjuicio se multiplique. Una empresa que registra millones en operaciones debería poder acreditar que cuenta con la capacidad económica y operativa para realizarlas. Del mismo modo, una persona que aparece como representante de una compañía debería poder explicar su relación con el negocio y conocer las obligaciones que está asumiendo.
El caso de Helen Benazar muestra las consecuencias que puede tener lo contrario. Una persona que, según su propio testimonio, recibió S/200 por prestar su firma terminó vinculada a obligaciones tributarias que asegura desconocer. Mientras tanto, la persona que la contactó habría conservado documentos y acceso a información tributaria que podía permitirle realizar operaciones en su nombre.
La investigación deberá determinar quiénes se encuentran realmente detrás de estas compañías, qué operaciones fueron ficticias, qué empresas utilizaron los comprobantes y cuánto dinero dejó de recaudar el Estado. Esa es la diferencia entre encontrar una dirección sospechosa y desarticular una estructura de defraudación tributaria.
Las imágenes de viviendas precarias, una carpintería o pequeñas construcciones contrastadas con empresas que aparecen facturando S/9 millones o S/45 millones pueden resultar llamativas, pero el verdadero hallazgo está en lo que ocurre detrás de esos domicilios. La clave será determinar si las operaciones declaradas existieron realmente, quiénes las diseñaron y quiénes terminaron beneficiándose.
Porque una factura puede tener todos los datos correctos y aun así no representar una operación real. Y cuando el papel sirve para construir una actividad económica que nunca ocurrió, el costo termina trasladándose al Estado y a todos los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.