Podemos Perú, según una investigación de Cuarto Poder, inscribió 179 candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que consignan sentencias penales en sus hojas de vida. De ese grueso, 13 postulan a gobiernos regionales, 23 a alcaldías provinciales y 143 a municipios distritales.
Los expedientes revisados incluyen condenas por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo agravado, violencia familiar, secuestro, tortura, apropiación ilícita y abuso sexual. Entre los casos identificados aparecen dos postulantes con sentencias por delitos sexuales contra menores de edad.
Podemos Perú lleva candidatos con sentencias a las ERM 2026
De acuerdo con el reportaje, Rildo Loyola Minaya, candidato a consejero regional por Áncash, recibió en 2003 una sentencia de la Sala Penal de Chimbote por un delito sexual contra una menor de 14 años.
En Piura, Aníbal Santos Velásquez, aspirante a la alcaldía de Sóndorillo, registra una condena dictada ese mismo año por la Corte Superior de Piura por abuso sexual contra una niña de 10 años. A este antecedente se suman dos sentencias por omisión a la asistencia familiar.
Los antecedentes de los postulantes aparecen en sus hojas de vida y expedientes judiciales. La relación incluye delitos de distinta naturaleza y gravedad, por lo que cada caso corresponde a una situación judicial específica.
La distribución de los 179 candidatos comprende distintos niveles de gobierno. La mayor cantidad corresponde a quienes buscan llegar a municipalidades distritales, con 143 postulaciones, mientras que otros 36 se reparten entre gobiernos regionales y alcaldías provinciales.
Casos de secuestro, tortura y atentados contra el proceso electoral
Jabico Robles Blácido, candidato a la alcaldía provincial de Huaraz, tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida por secuestro y tortura. El fallo está relacionado con la retención durante cuatro días y el castigo físico a presuntos abigeos cuando ejercía como alcalde distrital de Olleros.
En Ayacucho, Hermógenes Flores Salazar, postulante a la alcaldía de Chipao, recibió en enero de 2026 una condena de cinco años de pena suspendida por azuzar a la población y participar en la destrucción de material electoral durante los comicios de 2018.
En Colca, Vladimir Muñoz Abel Alca registra una sentencia de 2007 por agrupación ilícita, vinculada con un ingreso violento al municipio de Cangallo.
Otro expediente corresponde a Alberth Castro Cruz, candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. El documento registra una condena por apropiación ilícita tras la sustracción de una mezcladora de construcción. También figura una sentencia de 2017 por maltrato psicológico contra su hija mediante un medio de comunicación radial.
Fernando Orihuela afronta investigación por lavado de activos
En Junín, Fernando Orihuela Rojas, exintegrante de Perú Libre y candidato de Podemos Perú, afronta una investigación fiscal por presunto lavado de activos dentro del caso Los Dinámicos del Centro. El Ministerio Público indaga un supuesto direccionamiento de licitaciones por más de S/ 5 millones mediante empresas vinculadas a su entorno familiar.
A diferencia de los casos anteriores, la situación de Orihuela corresponde a una investigación fiscal y no a una condena penal. El expediente también incluye una denuncia por una presunta agresión física contra su expareja, registrada en febrero de 2023.
Tras consultas realizadas por el dominical sobre las candidaturas cuestionadas, Podemos Perú remitió un comunicado en el que señaló que la organización atraviesa un proceso de reorganización. La agrupación es liderada por José Luna Gálvez, quien ha planteado públicamente una posición de lucha contra la corrupción.