La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso realizará este lunes 8 de septiembre una inspección en la isla El Frontón, donde el Gobierno anunció la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad. La visita estará liderada por la congresista Katy Ugarte, presidenta de la comisión, y contará con la participación del alcalde de La Punta, Ramón Garay, así como de representantes de asociaciones vecinales y especialistas en temas ambientales.
El objetivo principal de la inspección es verificar que la obra no afecte los derechos de los vecinos ni altere el ecosistema de la zona. La iniciativa surge tras el convenio firmado entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa, que habilita la ejecución de este megaproyecto penitenciario con una inversión aproximada de S/ 500 millones.
Preocupación ciudadana por el impacto ambiental y social
Los residentes del distrito de La Punta y de zonas cercanas han expresado su preocupación por las posibles consecuencias que podría generar la construcción del penal en El Frontón. Temen que las obras, que incluyen demoliciones, nivelación de suelos y levantamiento de nuevas edificaciones, afecten especies marinas protegidas, alteren el entorno natural y reduzcan la calidad de vida en la zona.
“Como comisión, nuestra obligación es garantizar que toda obra pública, por más necesaria que sea, respete la ley, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Estaremos vigilantes para que no se vulneren derechos ni se generen impactos negativos en los servicios esenciales”, declaró Katy Ugarte.
Además, un grupo de biólogos marinos ha advertido que la zona cercana a la isla alberga especies en peligro de extinción, lo que incrementa la polémica en torno a la construcción del penal. La presidenta Dina Boluarte, sin embargo, ha defendido el proyecto y señaló que “nada ni nadie detendrá” la ejecución de la obra.
Detalles del proyecto penitenciario
El futuro penal de El Frontón será un establecimiento de máxima seguridad con capacidad para albergar 2,000 internos de alta peligrosidad. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, se proyecta que la obra ocupe 57,000 metros cuadrados y se convierta en uno de los recintos penitenciarios más modernos del país.
Los trabajos de construcción iniciarían en enero de 2026 y tendrán una duración estimada de cuatro meses en la fase inicial, que incluirá la demolición de estructuras antiguas y la preparación del terreno. Posteriormente, se levantarán las nuevas instalaciones, que contarán con tecnología de seguridad avanzada, áreas de vigilancia permanente y sistemas de control automatizado.
La inversión de S/ 500 millones busca, según el Gobierno, aliviar la crisis de hacinamiento en las cárceles del país y fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado si esta ubicación es la más adecuada, dado el alto valor ecológico y la sensibilidad histórica de la isla.
Vecinos reclaman mayor transparencia y patrullaje
Los vecinos de La Punta y áreas cercanas no solo se muestran preocupados por los efectos ambientales, sino también por la falta de transparencia en la socialización del proyecto. Algunos líderes vecinales aseguran que no han recibido información clara sobre las etapas de construcción ni sobre las medidas de mitigación ambiental que el Estado implementará.
Además, reclaman que actualmente no existen suficientes acciones de patrullaje ni presencia constante de personal de seguridad en la zona, lo que genera un clima de inseguridad ante el anuncio de que la isla albergará reclusos de alta peligrosidad.
Vecinos y asociaciones han solicitado mayor diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que garanticen la tranquilidad de quienes habitan cerca del futuro establecimiento penitenciario.
Postura del Gobierno y próximos pasos
El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha defendido la construcción del penal en El Frontón como parte de su plan de reforma del sistema penitenciario. Según el Ministerio de Justicia, la ubicación fue seleccionada por su aislamiento geográfico, que permitiría reducir riesgos de fuga y amotinamiento.
No obstante, la inspección del Congreso será determinante para evaluar los impactos ambientales, sociales y urbanísticos que podría generar la obra. Si bien la aprobación del proyecto ya fue confirmada por el CONAPOC, el Legislativo podría solicitar informes técnicos adicionales y exigir garantías para la protección del entorno marino.
Se espera que, tras la visita, la Comisión de Defensa del Consumidor emita un informe detallado con recomendaciones para el Ejecutivo y las autoridades competentes.
Lo que está en juego
La construcción del penal en El Frontón ha reavivado un debate nacional sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana con la protección del medio ambiente y los derechos vecinales. Para algunos, la obra es necesaria para descongestionar cárceles y controlar a internos de alta peligrosidad; para otros, representa una amenaza al ecosistema y un riesgo para la calidad de vida de las comunidades cercanas.
La inspección de este 8 de septiembre será crucial para definir el futuro del proyecto y marcará el inicio de una discusión que promete intensificarse en las próximas semanas.
