El proceso de privatización de Petroperú ya tiene un primer costo directo para el erario nacional. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la transferencia de S/86,4 millones a ProInversión para financiar los estudios técnicos y legales que darán forma a la reorganización y venta de activos de la principal petrolera del país.
La medida, formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 008-2026-MINEM/DM, marca el inicio del uso de recursos públicos para viabilizar un proceso que, hasta hace poco, estaba legalmente blindado frente a cualquier intento de privatización. El desembolso responde a la imposibilidad financiera de Petroperú de asumir los costos de las auditorías exigidas para la segmentación de su patrimonio.
El marco legal que sustenta la operación es el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, emitido el 31 de diciembre pasado, que eliminó la protección legal de la empresa estatal, autorizó la venta de activos estratégicos —incluida la Nueva Refinería Talara— y facultó al MINEM a transferir recursos adicionales para su reorganización.
Más recursos públicos en camino
El monto transferido no sería el único. El mismo decreto habilita al MINEM a destinar hasta S/240 millones adicionalespara financiar el proceso de reducción de personal en Petroperú, una medida que ha generado fuerte rechazo sindical. Estos recursos saldrán del Presupuesto Institucional de Apertura 2026 del ministerio, que asciende a S/669,8 millones.
Aunque Petroperú opera como una sociedad anónima bajo derecho privado y no recibe asignaciones directas del presupuesto público, el proceso de privatización está siendo respaldado, en la práctica, con dinero del Estado.
Con la transferencia ya ejecutada, ProInversión queda formalmente autorizada para administrar, negociar y transferir activos y pasivos de los distintos bloques patrimoniales de la empresa, además de coordinar con entidades como COFIDE y Osinergmin para garantizar la continuidad del suministro de combustibles durante la transición.
Plazos ajustados
La agencia tiene un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde el 1 de enero de 2026, para aprobar el plan de promoción del proceso de privatización parcial. Dicho plan será vinculante y definirá las modalidades, cronograma y etapas de la operación.
Sin embargo, diversos especialistas y trabajadores han cuestionado la capacidad de ProInversión para liderar un proceso de esta magnitud en el sector hidrocarburos, señalando su limitada experiencia técnica y antecedentes de retrasos en proyectos de gran escala.
Retiro de calificaciones y tensión sindical
El contexto financiero agrava el escenario. Fitch Ratings retiró todas las calificaciones de Petroperú, alegando falta de información suficiente y opacidad financiera, luego del retiro del respaldo explícito del Ministerio de Economía y Finanzas. Paralelamente, Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia a “B-”, colocándola bajo vigilancia negativa.
Las agencias coinciden en advertir una liquidez débil, alto endeudamiento y fuerte exposición a decisiones políticas, factores que elevan el riesgo de incumplimiento si no se concreta una reestructuración efectiva.
En respuesta, los sindicatos de la empresa anunciaron un paro nacional de 72 horas a partir del 19 de enero. Acusan al Ejecutivo de empujar deliberadamente a Petroperú al colapso financiero para justificar su privatización y denuncian que el Estado ha pasado de garante a factor de deterioro de la empresa.
Mientras ProInversión se prepara para lanzar un Aviso de Expresiones de Interés sobre un portafolio inicial de 55 predios no estratégicos, el debate de fondo permanece abierto: hasta qué punto la privatización de Petroperú, financiada con recursos públicos, representa una salida financiera viable o un traslado del costo del ajuste a los contribuyentes.