El mensaje presidencial de Dina Boluarte 2025, ofrecido el 28 de julio con motivo del aniversario patrio, fue una pieza extensa, deslucida y predecible que pareció confirmar lo que muchos ya intuían: la presidenta está cada vez más alejada de la ciudadanía y sus urgencias. Duró 4 horas y 12 minutos, aunque omitió leer 12 páginas del texto oficial, precisamente las que detallaban sus promesas para el último año de gestión.
El documento completo tenía 97 páginas, cargadas de cifras difíciles de verificar, generalidades y escasas medidas concretas para enfrentar los dos temas que más preocupan al país: la criminalidad y la corrupción. El diagnóstico fue impreciso; las soluciones, vagas o inexistentes.
Generalidades sin fondo
Desde el inicio, el tono del discurso fue defensivo. En lugar de presentar logros sólidos o estrategias bien delineadas, Boluarte se victimizó, como si recién asumiera el poder. Volvió a culpar a su antecesor Pedro Castillo y a la crisis de 2022 por los problemas actuales, pese a que han pasado ya 31 meses desde que asumió el cargo. La jefa de Estado acusó que su gobierno “no tuvo paz ni tregua” y alegó estar siendo usada como “chivo expiatorio” por “intereses ajenos al país”.
En su narrativa, Dina Boluarte sigue siendo la salvadora del orden constitucional y la víctima de una conspiración política, mediática y judicial. Esto, sin embargo, contrasta con una creciente lista de investigaciones en su contra: el caso Rolex, el caso Cofre, y las cirugías plásticas realizadas en secreto, por las que se ausentó del despacho presidencial durante casi dos semanas.
Lo bueno (o lo que intentó serlo)
Entre anuncios que sonaron más a catálogo que a política de Estado, Boluarte mencionó la autorización de 134 proyectos mineros por US$ 6,000 millones y la formalización del sector, con ingresos proyectados de US$ 5,000 millones. Además, propuso “tolerancia cero con la minería ilegal”, aunque evitó comprometerse con el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un paso clave que hasta hoy no se da.
Se reiteraron promesas sobre infraestructura carcelaria (dos mega penales) y el ya polémico anuncio de compra de 24 aviones caza, sin detallar costos, fuentes de financiamiento ni licitación alguna.
En salud, prometió cinco nuevos hospitales emblemáticos, aunque en 2024 había dicho que serían once. En educación, no presentó ningún plan concreto. En seguridad ciudadana, anunció que la Policía ejecutó más de un millón de operativos en 2024, desarticulando 13 mil bandas criminales y 230 organizaciones. Sin embargo, los datos oficiales revelan una cruda realidad: 4,909 homicidios se registraron entre diciembre de 2022 y julio de 2025, según el Sinadef.
Las cifras del gobierno sonaban tan optimistas que el exministro del Interior Carlos Morán advirtió en una entrevista:
“Este año vamos a pasar los 2,000 homicidios. No se trata de presentar números, sino de sincerar la situación”.
Lo malo: la omisión estratégica
Más preocupante fue lo que no se dijo. Las 12 páginas omitidas del discurso contenían acciones proyectadas hasta julio de 2026: construcción de hospitales, penales, mejora de la PNP, inversiones públicas clave. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros y entregado al Congreso, en esa sección también estaba su compromiso de entregar el poder al término de su mandato.
El hecho de omitir esta parte dejó entrever una resistencia simbólica a hablar de sucesión, en un país marcado por la desconfianza hacia la clase política. Y si bien luego mencionó que “entregará el cargo a quien el pueblo elija”, el daño ya estaba hecho.
Además, se mantuvo en silencio sobre las muertes en protestas, la represión policial en el sur del país y su ya célebre frase: “Puno no es el Perú”, que aún resuena como una herida abierta.
Lo feo: confrontación con todos
El momento más polémico llegó cuando Boluarte acusó a la Fiscalía y a los medios de comunicación de participar en un “golpe blanco”. El Consejo de la Prensa Peruana no tardó en responder, calificando esas declaraciones de autoritarias y contrarias al espíritu democrático. El Ministerio Público, aunque evitó confrontar, reafirmó su independencia.
En paralelo, la presidenta se desmarcó de sus exaliados de izquierda —“querían convertirnos en un país fallido como Cuba, Venezuela, Bolivia”, dijo— y se refugió en el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fue un mensaje duro, más de cierre de campaña que de rendición de cuentas.
Un Congreso vacío y un país desconectado
A pesar del despliegue, el Congreso lucía semivacío. Solo una treintena de legisladores estuvo presente. Algunos de izquierda, como Ruth Luque, Jaime Quito y Roberto Sánchez, mostraron pancartas con frases como “Dina, el pueblo te repudia” antes de retirarse.
En redes sociales, la burla fue generalizada. En foros como Reddit o Twitter, abundaban comentarios como:
“Cinco horas para no decir nada”,
“Nos dio cifras que no creemos y promesas que no cumplirá”.
Según encuestas de Ipsos, el 51 % de la población esperaba propuestas contra la inseguridad y el 30 % contra la corrupción. Recibieron, en cambio, un listado técnico lleno de huecos y adornado con frases para la tribuna.
Un cierre de gestión sin alma
A menos de nueve meses de las elecciones generales de 2026, Dina Boluarte apeló a un “pacto por el Perú”, pero inmediatamente después atacó a las instituciones. Su mensaje fue, una vez más, incoherente, defensivo y sin empatía.
Horas antes, en la misa Te Deum, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, advirtió:
“Una amplia capa de la dirigencia nacional vive de espaldas a la mayoría”.
Nada pareció más acertado. La presidenta habló por cuatro horas, defendió su gestión, atacó a sus críticos y desvió la mirada de los verdaderos problemas. Si su objetivo era cerrar su ciclo político con fuerza, lo que logró fue mostrar un gobierno en solitario, desconectado y agotado.
