El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca modificar la norma 30942 para hacer que la presidenta de la República encabece “de manera indelegable” el Consejo para la Reforma de Justicia, ente que se encarga de impulsar la reforma del sistema judicial y de coordinar la ejecución e implementación de las políticas públicas relacionadas a este sector.
En la iniciativa legislativa, se contempla este consejo quede conformado por los presidentes del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, además del defensor del pueblo, el contralor general de la República y el fiscal de la Nación.
La propuesta también incorpora al Consejo Técnico para la Reforma de Justicia a representantes de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo y le da al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la facultad exclusiva de ejercer el secretariado técnico de este órgano.
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Este Consejo Técnico, también cuenta con la participación de un representante de las rondas campesinas elegido entre sus presidentes regionales, pero en la iniciativa, se anota la baja participación de este colectivo en las sesiones de este colegiado.
En la exposición de motivos, se justifica la propuesta de dar a la jefa de Estado la presidencia exclusiva del Consejo para la Reforma de Justicia, señalando que, por mandato constitucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos de justicia, no solo disponiendo el uso de la fuerza pública, sino también mediante otras acciones, como, por ejemplo, la reforma de todo el sistema judicial.