El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, anunció la decisión de parte del Ejecutivo de coordinar una respuesta conjunta con los poderes Legislativo y Judicial para expresar el rechazo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que requiere al Estado peruano a que no se adopte el proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“La corte, de manera insólita y sin que exista jurisprudencia, dicta una medida cautelar contra un proyecto legislativo que ni siquiera se ha convertido en ley”, indicó.
Remarcó que el Perú es un estado independiente y soberano, y criticó que la justicia supranacional busque impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales.
Como se sabe la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer que emitió una medida cautelar solicitando al Estado peruano que no adopte un proyecto de ley que busca establecer la prescripción de crímenes de lesa humanidad.
“Mediante resolución de 1 de julio de 2024, la Corte IDH requirió al Perú “que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos caso”.