La presidenta de la República, Dina Boluarte, salió al paso de las recientes diligencias fiscales que involucran a su hermano, Nicanor Boluarte, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. En un acto oficial, calificó el allanamiento de “muñeco armado” y cuestionó la integridad ética de jueces y fiscales que ejecutan las investigaciones.
¿Qué sucedió con el allanamiento a Nicanor Boluarte?
Durante las primeras horas del 27 de agosto, la Fiscalía realizó un operativo simultáneo en varios inmuebles vinculados a una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la minera El Dorado, parte del caso conocido como Ícaro. Entre estos se encontraba la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja, además de oficinas relacionadas al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
La fiscalía busca esclarecer presuntos delitos de organización criminal, favorecimiento ilícito y encubrimiento en el marco de una investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios públicos. La medida generó una fuerte reacción política, sobre todo por la cercanía de los involucrados al entorno presidencial.
La respuesta de la presidenta Dina Boluarte
En un pronunciamiento durante un acto público, la mandataria defendió a su hermano y calificó la acción de la Fiscalía como una fabricación sin sustento jurídico. Declaró:
“Organización criminal cuyos integrantes no se conocen entre sí… es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”.
Boluarte aseguró que las acusaciones carecen de base y que el operativo responde a intereses políticos. Además, envió un mensaje de respaldo y solidaridad a su hermano:
“Le mando a mi hermano mi solidaridad, mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que demuestra”.
Críticas a la Fiscalía y al Poder Judicial
La presidenta fue más allá y cuestionó duramente a los fiscales y jueces responsables del caso. Puso en duda su integridad y señaló que existen evidencias de corrupción dentro del propio Ministerio Público:
“Hay sendas noticias que muestran que algunos funcionarios de la Fiscalía tienen edificios y casas de playa con acabados de primera calidad, que no se condicen con sus ingresos. ¿Por qué no se autoallanan? Ahí sí hay mucho rajo de paja que rebanar”.
Este señalamiento implica una acusación directa contra el sistema de justicia y genera un ambiente de tensión entre poderes del Estado.
Reacciones y contexto político
El abogado de Nicanor Boluarte denunció que el allanamiento se realizó sin notificación previa, lo que atentaría contra el debido proceso y los derechos de su patrocinado. Asimismo, se informó que Juan José Santiváñez evitó referirse a las diligencias fiscales en su contra durante una conferencia de prensa, enfocando su discurso en otros temas.
Esta operación coincide con un contexto político marcado por investigaciones a funcionarios cercanos al Ejecutivo, lo que complica aún más el panorama para la gobernabilidad.
El caso Ícaro y sus implicancias
El operativo forma parte del caso Ícaro, que investiga presuntos actos ilícitos relacionados con la minera El Dorado y posibles beneficios ilegales a favor de particulares mediante influencias indebidas en el sector público. La Fiscalía busca esclarecer la presunta existencia de una organización criminal que habría operado en esta trama.
Las acciones contra Nicanor Boluarte y colaboradores del Ministerio de Justicia evidencian el alcance de la investigación y el interés por llegar hasta los actores involucrados en posibles irregularidades.
¿Qué desafíos enfrenta la gobernabilidad?
Las duras críticas de la presidenta a la Fiscalía y al Poder Judicial profundizan la crisis institucional que enfrenta el país. La confrontación abierta entre poderes puede afectar el equilibrio democrático y la confianza ciudadana en las instituciones.
Por otro lado, las investigaciones en curso y las decisiones judiciales relacionadas a altos funcionarios generan un escenario de incertidumbre política, con repercusiones en la estabilidad del Gobierno.
