La presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en el distrito de Pataz, en la región La Libertad, tras el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores de la minera Poderosa, quienes habían sido secuestrados el 25 de abril. Los cuerpos fueron encontrados desnudos, maniatados y ejecutados, presuntamente por sicarios vinculados a la minería ilegal .
En un pronunciamiento oficial, la mandataria informó que las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. “Estamos comprometidos en erradicar la minería ilegal que tanto daño hace a nuestra patria”, expresó Boluarte .
El Gobierno también anunció la instalación de una base de operaciones de la División de Operaciones Especiales (DINOES) en la zona, con el despliegue de más de 200 efectivos policiales, incluyendo personal del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) y unidades de inteligencia, para reforzar la seguridad y enfrentar a las bandas criminales que operan en la región .
La minera Poderosa ha denunciado que la zona ha sido tomada por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, transformándola en un territorio sin ley donde prevalecen la violencia y el terror. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la violencia persiste, con al menos 39 asesinatos de trabajadores y ataques a instalaciones reportados en la región .
Organizaciones de derechos humanos han criticado la respuesta estatal, enfatizando la necesidad de una presencia efectiva y voluntad política para abordar la creciente influencia del crimen organizado en la región y garantizar la protección de los ciudadanos.
