Vladimir Cerrón ha sabido cosechar amistades no tan desinteresadas gracias a los S/ 10,756, 396.12 que el Financiamiento Público Directo (FPD) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destinó para que, en los próximos cinco años, Perú Libre pueda financiar actividades de formación y capacitación de sus cuadros, además de actividades de funcionamiento ordinario.
De acuerdo a información de la ONPE, el Estado da el 0.1% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto que un partido político consigue para la elección de congresistas. Perú Libre consiguió 37 escaños en las elecciones del 2021, siendo la primera minoría del Legislativo antes de la fragmentación en cuatro bancadas sin contar a los no agrupados y a quienes migraron a Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
Gracias a estos números, el exgobernador de Junín ha podido costear lealtades útiles en momentos de necesidad.
José Enrique Llumpo Agapito es un abogado que ha presentado tres habeas corpus que apuntan a anular la sentencia de tres años y seis meses de prisión que se le impuso a Cerrón por colusión en el marco del caso “Aeródromo Wanka”. Uno de ellos fue declarado improcedente por la jueza Doris Cajincho Yañez, quien además lo multó con S/ 1, 485 por presentar la misma demanda en dos distritos judiciales, lo que es considerado una “actuación temeraria”.
El abogado no es un espontáneo defensor de Vladimir Cerrón, ni un simpatizante aleatorio. De hecho, se trata de una persona que ha prestado servicios al partido del lápiz.
El informe de rendición de cuentas del uso del FPD de Perú Libre, que comprende los gastos de enero a julio del 2023, evidencia que Llumpo Agapito ha sido asesor legal del partido y que, con estos fondos, se le pagó S/ 25 mil, pese a que como dijimos líneas arriba, este dinero debe destinarse a la capacitación y formación de los militantes.
Esto, sin contar los S/ 67,213.10 que con los que Vladimir Cerrón se auto pagó usando el FPD entre enero y junio del 2023.
Mientras tanto, las autoridades no emiten la alerta roja para que la Interpol pueda disponer su captura en el extranjero. En el Perú, no se le encuentra a pesar de su constante actividad en X, la red social antes conocida como Twitter. El Ministerio del Interior ofrece S/ 100, 000 por información que lleve a su ubicación.