Poder Judicial ordena su restitución en 48 horas
El reciente fallo del Poder Judicial ha reconfigurado nuevamente la situación en el Ministerio Público. La magistrada Delia Espinoza Valenzuela envió una carta formal al fiscal interino Tomás Gálvez Villegas, exigiendo la entrega del cargo de fiscal de la Nación luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima anulara la suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en setiembre pasado.
La resolución judicial, notificada el lunes 10 de noviembre, establece un plazo de 48 horas para que la JNJ ejecute su restitución como titular del Ministerio Público. En ese marco, Espinoza instó a Gálvez a suspender las gestiones institucionales que mantiene como autoridad interina y proceder con una transferencia ordenada de funciones.
“Considerando que ha sobrevenido una nueva disposición judicial mediante la cual la suscrita retoma el cargo de fiscal de la Nación, resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino”, señala la carta enviada por Espinoza.
¿Qué ordenó el Poder Judicial a la JNJ?
La decisión judicial exhorta a la Junta Nacional de Justicia a cumplir con sus obligaciones legales y procesales, y reponer a Espinoza Valenzuela en el cargo en un máximo de 48 horas, tras declarar fundada la demanda presentada contra la suspensión de sus funciones.
El documento indica que la medida adoptada por la JNJ vulneró el principio de debido proceso, además de no haber considerado los argumentos de defensa de la magistrada. Esta decisión implica que, hasta que no exista una resolución definitiva en otra instancia, Espinoza debe ser reconocida nuevamente como fiscal de la Nación en ejercicio.
Según fuentes del Ministerio Público, la notificación fue comunicada oficialmente al despacho de Tomás Gálvez, quien se encuentra evaluando los pasos legales a seguir mientras la JNJ coordina su respuesta institucional.
Antecedentes del caso
Delia Espinoza fue elegida como fiscal de la Nación en octubre de 2024 por la Junta de Fiscales Supremos, con un mandato que se extiende hasta el año 2027. Sin embargo, fue suspendida en setiembre de 2025 por disposición de la JNJ, que abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la designación de fiscales superiores.
En ese contexto, la JNJ designó a Tomás Gálvez como fiscal interino, quien asumió la conducción temporal de la institución mientras se resolvía el caso judicial. La restitución ordenada por el Poder Judicial abre un nuevo escenario interno en la Fiscalía, que deberá coordinar el proceso de transferencia bajo supervisión del propio organismo judicial.
Impacto institucional y respuesta pendiente
El retorno de Espinoza plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional del Ministerio Público y los procedimientos de la JNJ en materia de control disciplinario. Expertos en derecho constitucional señalan que, si bien el Poder Judicial puede ordenar medidas cautelares de restitución, la JNJ mantiene competencia sobre la potestad de sancionar o investigar a altos funcionarios.
¿Qué pasará si la JNJ no acata el fallo judicial?
De no cumplirse el plazo de 48 horas, Espinoza podría solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, lo que generaría un conflicto de competencias entre órganos autónomos del Estado. En los últimos meses, diversas instituciones han insistido en la necesidad de garantizar la autonomía funcional del Ministerio Público frente a decisiones administrativas o disciplinarias externas.
Por su parte, el entorno de Tomás Gálvez evitó pronunciarse públicamente hasta recibir una comunicación formal de la JNJ. Sin embargo, trascendió que el fiscal interino busca un pronunciamiento del Consejo de Fiscales Supremos antes de concretar la entrega de cargo.
Ministerio Público en transición
Fuentes cercanas al Ministerio Público confirmaron que la entidad continúa operando bajo la gestión interina de Gálvez, mientras se aguarda la implementación de la orden judicial. Entre tanto, Espinoza ha solicitado la designación de una comisión de transferencia para garantizar la transparencia del proceso y evitar interrupciones en las investigaciones fiscales en curso.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Lima han expresado su interés en que el proceso se realice conforme al marco constitucional, recordando que el respeto a las decisiones judiciales es un pilar fundamental del Estado de derecho.
En tanto, la ciudadanía y la comunidad jurídica mantienen la expectativa sobre cómo la JNJ responderá a este nuevo fallo y si se producirá la restitución efectiva de Espinoza antes de que culmine el plazo judicial.
Una Fiscalía en disputa legal
El caso refleja una de las mayores tensiones institucionales del 2025, marcada por la pugna entre la autonomía del Ministerio Público y la autoridad disciplinaria de la JNJ. La restitución de Delia Espinoza, si se concreta, implicará no solo su retorno al cargo sino también una revisión profunda de los procedimientos internos que rigen la designación y suspensión de fiscales de alto rango.
Mientras tanto, el país observa un nuevo capítulo en la relación entre los órganos de justicia que definen el equilibrio de poderes dentro del Estado peruano.