El exministro del Interior Juan José Santiváñez, actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP), salió en defensa del suboficial Luis Magallanes, quien se encuentra bajo investigación por la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas registradas el pasado 15 de octubre.
En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, Santiváñez aseguró que el efectivo policial “no tuvo intención de causar daño” y que el proyectil que impactó en Ruiz habría sido consecuencia de un rebote. Además, sostuvo que el comportamiento del fallecido configuraría un caso de “autopuesta en peligro”, concepto penal que, según su interpretación, eximiría de responsabilidad directa al agente policial.
“Esta persona que fue a marchar, generando actos de violencia, lo que dentro del ámbito penal se denomina una persona que generó un acto de autopuesta en peligro, no fue a marchar con una bandera blanca. Fue a marchar lanzando bombas, piedras. Y eso está acreditado en los videos que han transmitido diversas redes sociales”, declaró Santiváñez.
“Un disparo sin intención”
El exministro insistió en que el disparo de Magallanes no buscaba impactar en los manifestantes, sino disuadir el avance del grupo. “Lo que ocurrió fue que esta persona dispara al piso y un rebote, penosamente, le coge”, sostuvo, descartando que exista dolo o intención homicida en el accionar del suboficial.
La versión de Santiváñez se produce en medio de un ambiente de tensión social y cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en manifestaciones recientes. Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas han señalado presuntos abusos policiales y una respuesta desproporcionada del Estado frente a las protestas ciudadanas.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recabando evidencia para determinar si el disparo que mató a Eduardo Ruiz responde a un acto culposo o doloso. Testimonios y peritajes balísticos serán determinantes para esclarecer la responsabilidad penal del suboficial Magallanes.
El concepto de “autopuesta en peligro”
El argumento de Santiváñez se apoya en una figura del derecho penal que, en términos generales, señala que una persona no puede ser considerada víctima si voluntariamente se expone a un riesgo evidente. Sin embargo, especialistas han señalado que aplicar esta figura a contextos de protesta social es controversial y jurídicamente cuestionable.
El abogado penalista Luis Paredes, consultado por Caretas, explicó que la autopuesta en peligro solo es válida cuando no existe intervención de terceros con poder de coerción. “En este caso, hay una acción policial armada y una persona fallecida. No se puede hablar de autopuesta en peligro cuando un agente del Estado dispara un arma de fuego. La responsabilidad debe determinarse según el principio de proporcionalidad y el uso legítimo de la fuerza”, precisó.
La posición de Santiváñez, sin embargo, ha sido interpretada por algunos analistas como una defensa política más que jurídica. Como candidato de APP, partido que busca fortalecer su presencia en el Congreso de 2026, el exministro ha adoptado un discurso de respaldo a las fuerzas del orden en medio de las críticas por las muertes en protestas.
Boluarte y la vacancia: “Un instrumento mal utilizado”
En otro momento, Santiváñez se refirió al proceso de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, señalando que, si bien este mecanismo forma parte del control político del Congreso, suele “ser mal empleado” y presentar “cuestionamientos jurídicos”.
“La vacancia siempre termina siendo un instrumento muchas veces mal utilizado. En esta situación podía haber presentado varios cuestionamientos que podían discutirse. Creo que, probablemente, el camino pudo haber sido otro”, sostuvo.
El exministro consideró que la decisión de Boluarte de no defenderse ante el Congreso respondió a una evaluación política más que jurídica. Según dijo, el margen para ejercer la defensa dentro del proceso era limitado y las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo habían llegado a un punto de ruptura inevitable.
Contexto político y reacciones
Las declaraciones de Santiváñez han generado reacciones divididas. Desde sectores de la sociedad civil se cuestiona que un candidato al Senado relativice la muerte de un manifestante, mientras que simpatizantes de APP y defensores del orden público respaldan su postura.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional Perú reiteraron su pedido de una investigación exhaustiva y recordaron que el uso letal de la fuerza solo se justifica ante amenazas directas a la vida de los agentes.
Por otro lado, el Comando de la PNP ha evitado pronunciarse sobre el caso, limitándose a señalar que se encuentra “colaborando con la investigación fiscal” y que el suboficial Magallanes ha sido separado temporalmente de sus funciones operativas.
Una defensa con implicancias políticas
El respaldo de Santiváñez a Magallanes ocurre en un contexto donde la seguridad ciudadana y la legitimidad del accionar policial se han convertido en ejes centrales del debate electoral. Con su discurso, el exministro busca posicionarse como un defensor de la institución policial, apelando a un electorado que reclama mano dura frente a la delincuencia, pero que también observa con preocupación los excesos cometidos en protestas sociales.
De cara a las elecciones generales de 2026, este tipo de pronunciamientos anticipa el tono de una campaña donde temas como orden, autoridad y derechos humanos volverán al centro de la discusión pública.