Por: Bryan Condor
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se instaló y en este periodo legislativo, penden de un hilo dos instituciones clave; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuyos miembros están denunciados y podrían ser sancionados por el Pleno del Congreso.
Pese a que el flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, la fujimorista Patricia Juárez, y los acciopopulistas Elvis Vergara, Luis Aragón y Wilson Soto han presentado propuestas legislativas para poder acusar constitucionalmente a los jefes del sistema electoral -Wilson Soto incluye en su pedido a los miembros de la JNJ- estas ni siquiera cuentan con dictamen en la Comisión de Constitución. Aun así, los miembros de estas instituciones ya cuentan con denuncias que obran en el subgrupo de trabajo legislativo presidido por Lady Camones (Alianza Para el Progreso).
Los miembros del JNE cuentan con una denuncia al artículo 109 de la Constitución; Por su parte los miembros de la JNJ cuentan con por lo menos tres denuncias, dos de ellas formuladas por Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País), también por presunta infracción a la carta política.
Sobre la JNJ también pesa la investigación sumaria que seguirá la Comisión de Justicia en 14 días. La moción aprobada por el Congreso a iniciativa de Chirinos, pretende remover a todos los miembros de la junta por “causa grave” pese a que esta no está definida, así como tampoco está definido el proceso a seguir luego del informe de la investigación sumaria encabezada por Janet Rivas (Perú Libre).
El artículo 99 de la Constitución no contempla a los jefes del JNE, la ONPE o la Reniec como pasibles de ser denunciados constitucionalmente. Sin embargo, en el subgrupo presidido por Camones, ya se dio cuenta de esta denuncia.
El constitucionalista Omar Cairo explicó a CARETAS que esta denuncia debe ser declarada improcedente. “Mientras no haya una reforma constitucional, esa denuncia no puede ser admitida a trámite”, aclaró.
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, es a su vez, juez supremo, pero la SAC no podría valerse de este cargo para acusarlo constitucionalmente. Cairo sostiene que los vocales o jueces supremos pueden ser acusados por delitos cometidos durante el cargo, pero que al ejercer la presidencia de un ente electoral, Salas Arenas no ejerce como juez supremo, por lo que queda fuera del alcance del artículo 99 de la Constitución.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido al Estado peruano que delimite parámetros objetivos para estos procesos; el especialista explica la infracción constitucional está referida a una “contravención clara a un mandato claro y preciso de la Constitución y no a una objeción política que el Congreso tenga contra un funcionario o a la eficiencia con la que realiza sus labores. Si no, se convierte en una arbitrariedad y en una herramienta para acabar con la independencia de los funcionarios mencionados en el artículo 99”.
Cairo remarca que las sanciones del Congreso no pueden basarse en discrepancias políticas, ya que esto afecta la independencia de los funcionarios. Las “sanciones políticas” no deberían ser obedecidas por las instituciones, ya que representan una ruptura del orden constitucional, según su parecer.
“Niños” y “mocha sueldos” en la mira
La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores, acusados por organización criminal y tráfico de influencias en el caso “Los Niños”, también está la agenda de la SAC. Las “mocha sueldo” Rosio Torres, Katy Ugarte, María Acuña y Magaly Ruiz, acusadas de concusión, están a la espera de que sus denuncias sean delegadas para elaborar los respectivos informes.
Lista de espera
En la lista de espera también están el expresidente, Francisco Sagasti; y los exministros del Interior, Raúl Vargas y José Elice, acusados por el congresista José Cueto (Renovación Popular), por el pase al retiro de 18 generales de la Policía; y el contralor general Nelson Shack, denunciado por Margot Palacios (Perú Libre)
El expresidente, Martín Vizcarra, podría sumar más años de inhabilitación gracias a las denuncias por negociación incompatible (con informe acusatorio listo para agendar) y por organización criminal que esperan ser resueltas.
El breve autogolpe de Estado también será materia de trabajo de la SAC. Entre las denuncias que obran en el subgrupo están la dirigida contra el exmandatario, Pedro Castillo, y su último gabinete por los delitos de conspiración; por el mismo cargo fue denunciado el ex primer ministro, Aníbal Torres.
Las muertes producidas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte también pasarán factura, ya que el premier Alberto Otárola y el gabinete en pleno, están denunciados por genocidio; mientras que la jefa de Estado fue acusada, junto a los miembros de su gobierno, por homicidio calificado y lesiones leves.
