Inforegión.- El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha solicitado al Ministerio Público que deje sin efecto la investigación iniciada contra los periodistas Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz, quienes han sido acusados de tráfico ilegal de datos personales y organización criminal. La denuncia proviene de Zamir Villaverde, un personaje con antecedentes penales, lo que genera preocupación en el gremio periodístico.
Denuncia con motivaciones cuestionables
La acusación contra los periodistas surge después de que Villaverde los señalara por presuntamente haber pagado a la colaboradora eficaz Karelim López para obtener información sobre una presunta red de corrupción ligada al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, esta acción es vista como un intento de represalia por parte de Villaverde, quien previamente había exigido a varios medios de comunicación eliminar información sobre él de sus archivos.
Además, el empresario condenado ha utilizado diversas tácticas intimidatorias, incluyendo el envío de cartas con detalles de sus propiedades y récord crediticio, en un aparente esfuerzo por silenciar a la prensa.
Riesgo para la reserva de las fuentes periodísticas
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es que podría derivar en medidas extremas, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas. Esto permitiría a las autoridades acceder a la identidad de fuentes anónimas, un pilar fundamental del periodismo de investigación y una garantía clave para quienes revelan información de interés público.
El CPP advierte que esta situación no solo vulnera la libertad de prensa, sino que también sienta un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en el país.
Ante estos hechos, el CPP ha exigido a la Fiscalía archivar la investigación contra Cueva, Quispe y Ortiz. La organización insiste en que este tipo de acciones ponen en peligro la independencia periodística y abren la puerta a más casos de hostigamiento legal contra periodistas que denuncian actos de corrupción.
El caso sigue generando preocupación en el sector periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que ven en esta denuncia un intento de intimidación que podría tener graves consecuencias para la labor informativa en el Perú.