La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de tres años de pena privativa de libertad, con carácter suspendido, contra Alain Salas, juez especializado de Acobamba. La medida se dio tras la intervención de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, que logró acreditar que el magistrado incurrió en el delito de prevaricato de derecho en agravio del Estado al emitir resoluciones judiciales manifiestamente contrarias a la normativa vigente para beneficiar al hoy prófugo Vladimir Cerrón.
El caso se centra en un proceso penal por negociación incompatible seguido contra el exgobernador regional de Junín. De acuerdo con el Ministerio Público, el juez Salas admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor de Cerrón, logrando anular una sentencia condenatoria que aún no tenía la condición de firme.
Este acto contravino directamente lo estipulado en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que regula la procedencia de recursos legales contra resoluciones judiciales, especialmente cuando existía un recurso de casación pendiente de resolución.
Detalles de la investigación fiscal y aumento de reparación civil
Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía demostró que el magistrado omitió deliberadamente verificar el estado real del proceso penal contra el líder de Perú Libre. Además, se determinó que no existió una motivación razonada que justificara por qué el juez se apartó de la norma constitucional, lo que configuró los elementos necesarios para el delito de prevaricato. La investigación fiscal subrayó que el accionar del juez Salas vulneró el orden constitucional y la correcta administración de justicia.
Tras la revisión del recurso ante la Corte Suprema, la instancia máxima no solo confirmó la sentencia condenatoria, sino que también dispuso incrementar el monto de la reparación civil a favor del Estado. El pago, inicialmente fijado en 3000 soles, fue elevado a 5000 soles, reafirmando la solidez de la tesis fiscal. Con esta resolución, el Ministerio Público reiteró su compromiso en la persecución de conductas que atenten contra el Estado de derecho y la legalidad en el ejercicio de las funciones judiciales.