Consejo de Ministros condena allanamiento a Nicanor Boluarte: ¿un abuso de poder o una acción legal legítima?
El pasado 27 de agosto, el Consejo de Ministros, a través de un pronunciamiento oficial leído por su presidente, Eduardo Arana, manifestó su enérgico rechazo al allanamiento realizado por el Ministerio Público en la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La medida, que forma parte de una investigación preliminar contra una presunta organización criminal, ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y judicial.
¿Por qué el Ejecutivo considera que se ha vulnerado el orden constitucional?
En su comunicado, Arana enfatizó que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución Política del Perú y el Código Penal, y que su vulneración afecta la intimidad y seguridad de los ciudadanos. Señaló además que el allanamiento debe ser una medida excepcional, pero denunció un “uso desproporcionado” en este caso y otros similares contra funcionarios, políticos y ciudadanos.
El titular del Gabinete Ministerial calificó la acción como una “vulneración al orden constitucional” que pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia en el país. ¿Hasta qué punto este tipo de intervenciones judiciales puede afectar el equilibrio entre justicia y política?
¿Qué críticas hizo el Consejo de Ministros al Ministerio Público y al sistema judicial?
El comunicado oficial acusó al Ministerio Público de “politizar la justicia” y utilizarla como “arma de venganza política”. Asimismo, Arana criticó la aplicación de figuras jurídicas como la de “tercero vinculado”, calificándola como “inexistente en nuestro ordenamiento” y un error jurídico inadmisible.
Estas críticas no solo cuestionan el procedimiento específico, sino que ponen en duda la independencia y objetividad del Ministerio Público en casos sensibles que involucran a familiares de altos funcionarios del Ejecutivo.
¿Cuál es la relevancia del momento elegido para esta acción?
El pronunciamiento también subraya que el allanamiento se ejecuta tras la reciente interpretación del artículo 117 de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, que establece las causales para procesar a un presidente en funciones. Esta coincidencia temporal alimenta la percepción de que la medida judicial podría tener motivaciones políticas.
¿Es esta una coincidencia legal o una estrategia para desestabilizar al Gobierno?
¿Qué riesgos advierte el Gobierno sobre la politización de la justicia?
Eduardo Arana advirtió que estas acciones pueden generar un grave daño a la institucionalidad del país, permitir persecuciones políticas y socavar el Estado de Derecho. El Ejecutivo manifestó que este tipo de prácticas, si no se detienen, podrían amenazar la democracia y generar un clima de desconfianza y desorden institucional.
¿Cómo responde el Consejo de Ministros ante estas acusaciones y qué camino propone?
A pesar de la tensión, Arana afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para construir “un país más justo, desarrollado y democrático”. El Ejecutivo se declara firme en la defensa de la institucionalidad y en la búsqueda de soluciones que garanticen la justicia sin caer en abusos de poder o manipulación política.
¿Qué significa este episodio para la relación entre Ejecutivo y Ministerio Público?
Este pronunciamiento refleja una creciente tensión entre dos poderes del Estado que deben coexistir y colaborar para garantizar el orden constitucional y la justicia. El choque de posturas podría profundizar la crisis política si no se manejan con diálogo y respeto mutuo.
