El Pleno del Congreso dejó sin efecto la propuesta de inhabilitar por diez años a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, al no alcanzar la votación requerida para aplicar la sanción constitucional. La exfuncionaria —hoy asilada en la Embajada de México— enfrentaba la Denuncia Constitucional 351, que la acusaba de infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución en relación con los hechos del 7 de diciembre de 2022, día del intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo.
El resultado, que dejó a la exministra fuera de una sanción inmediata, vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad política de los funcionarios involucrados en aquella crisis institucional. La votación quedó en 63 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, insuficientes para la mayoría calificada que exige el reglamento cuando se trata de una sanción de inhabilitación.
Votación insuficiente: ¿por qué no prosperó la inhabilitación?
La sesión del Pleno generó expectativa, pues el informe final recomendaba una sanción de larga duración. Sin embargo, pese al debate y la exposición del caso, el Congreso no logró alcanzar la cantidad mínima de votos para hacer vinculante la medida.
Una pregunta clave surgió durante el debate: ¿se estaba evaluando la responsabilidad política de Chávez, la responsabilidad penal, o ambas? El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se centraba en su actuación antes, durante y después del pronunciamiento televisado que anunció la disolución del Congreso.
La acusación señalaba que la ex primera ministra tuvo una participación determinante al mantenerse junto a Pedro Castillo en las horas previas al mensaje, no alertar a los demás ministros, participar en conversaciones previas y no haber evitado la ejecución del acto inconstitucional. Según el documento, sus acciones vulnerarían los artículos constitucionales que exigen lealtad a la Nación, correcto ejercicio del cargo y respeto al orden democrático.
Pese a ello, un sector del Parlamento —principalmente de izquierda— argumentó que la denuncia tenía un sesgo político y que debía esperar a resoluciones judiciales definitivas antes de aplicar una sanción tan severa. Esto terminó dividiendo el voto y restando respaldo a la propuesta.
El rol de Betssy Chávez el 7 de diciembre: ¿qué dijo el informe congresal?
El informe aprobado inicialmente por la Comisión Permanente sostenía que Betssy Chávez había tenido un rol activo en los eventos del 7D. ¿Qué elementos identificó el Congreso?
Entre las conclusiones más relevantes figuraban:
- Su presencia en el despacho presidencial antes del mensaje televisado.
- Evidencias de coordinación con el entonces presidente.
- Su silencio frente a otros ministros que desconocían la inminente ruptura del orden constitucional.
- Su participación en acciones posteriores al anuncio de Pedro Castillo.
El documento enfatizaba que la ex titular de la PCM no solo habría sido testigo, sino que habría tenido una intervención directa que contribuyó a consolidar el intento de golpe. Por ello se sugirió la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, el informe señalaba responsabilidad política, no penal. Este punto generó cuestionamientos dentro del Pleno, ya que algunos congresistas exigían pruebas más concretas o la existencia de sentencias judiciales firmes.
La situación actual de Betssy Chávez: asilo en la Embajada de México
Otro elemento que marcó el debate fue la situación actual de la exministra. Desde junio, Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima, luego de que el gobierno de ese país autorizara el refugio diplomático argumentando persecución política.
Esta condición la mantiene fuera del alcance del sistema judicial peruano mientras enfrenta varias denuncias constitucionales, procesos penales y acusaciones por organización criminal vinculadas al gobierno de Pedro Castillo.
La pregunta que queda abierta es: ¿qué implicancias tiene la negativa del Congreso para su situación judicial? En términos prácticos, la no aprobación de la inhabilitación no modifica los procesos penales en curso. Sin embargo, sí evita que quede impedida por una década de ejercer cualquier cargo público.
Además, su permanencia en la sede diplomática de México continuará generando roces entre ambos gobiernos, especialmente debido a la falta de colaboración con las autoridades peruanas.
¿Qué escenarios se abren ahora?
Al no aprobarse la sanción, el caso vuelve a un terreno de definiciones políticas y judiciales. Los posibles escenarios incluyen:
1. Archivo de la inhabilitación
El informe pierde efecto y no podría aplicarse la sanción propuesta. Otra denuncia necesitaría nuevo trámite.
2. Continuación de los procesos penales
El Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones por organización criminal, abuso de autoridad y rebelión.
3. Impacto político en las elecciones de 2026
Si bien Chávez está asilada, no está inhabilitada. Legalmente, aún podría participar en política si logra resolver su situación judicial.
4. Mayor tensión con México
La extensión del asilo, sumada a decisiones del Congreso peruano, podría tensar aún más la relación bilateral.
Conclusión: un fallo político que marca distancia
El rechazo del Congreso a la inhabilitación muestra una división interna respecto a cómo manejar los casos vinculados al golpe del 7 de diciembre. Para algunos, se trató de una falta de firmeza institucional. Para otros, fue un acto de prudencia jurídica. En cualquier caso, el resultado mantiene a Betssy Chávez en un limbo legal y diplomático, mientras el país continúa evaluando las responsabilidades de aquella jornada que marcó la historia política reciente del Perú.